Celaya, Guanajuato a viernes 23 de octubre del 2026, (Alan Ordaz) – El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, consideró que el fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, pudo referirse a elementos de Tránsito, en lo individual, al señalar una colaboración insuficiente para esclarecer el homicidio de María del Rosario.
Mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana sostiene que ha atendido los requerimientos ministeriales, la postura municipal contrasta con el señalamiento del fiscal, quien pidió una mayor participación de la Policía de Celaya.
Vázquez Alatriste consideró que sus integrantes podrían colaborar mejor, destacando que, la investigación busca esclarecer el asesinato de la agente vial, ocurrido el pasado sábado, y determinar si sus actividades recientes guardan relación con el ataque.
“Hacer el llamado a la propia Policía de Celaya para que colaboren, no digo que no estén colaborando, tengo la percepción de que podrían colaborar mejor. Tenemos elementos que aún debemos abordar, si estuvo rodeada de compañeros, pensamos que debe haber más elementos que sepan”, declaró Vázquez Alatriste sobre las diligencias ministeriales.
La declaración apunta a la existencia de información pendiente de obtener entre personas cercanas al entorno laboral de la víctima.
El fiscal no aseguró que la corporación se negara a colaborar, pero manifestó que, desde su perspectiva, algunos elementos podrían aportar más datos para avanzar en la investigación.
En respuesta, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, sostuvo que la dependencia ha mantenido comunicación con la Fiscalía y proporcionado los elementos solicitados formalmente, incluidas grabaciones de cámaras de patrullas, del C4 y de cámaras corporales, además de la comparecencia voluntaria de personal de Tránsito.
“Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos colaborando plenamente, tenemos mucha comunicación con la fiscalía de aquí de Celaya con el fiscal. Estamos realizando las acciones que nos permite realizar la ley con ellos”, expresó Muñoz Huitrón al responder sobre la postura del fiscal estatal.
Sin embargo, el secretario reconoció que desconoce si existe resistencia de algunos agentes para aportar información, pues no tiene acceso a la carpeta de investigación.
Su respuesta no precisó qué acciones concretas se han tomado ante la posibilidad de que determinados elementos dispongan de información todavía no incorporada al expediente ministerial.
“¿Desconocería esa parte? Tendríamos que revisar la carpeta, no tengo tengo yo acceso a la carpeta de investigación”, respondió Muñoz Huitrón al ser cuestionado sobre la posible falta de cooperación de los elementos, mientras reiteró que quienes tengan información útil deben contribuir al esclarecimiento del crimen.
El funcionario también separó las diligencias de la Fiscalía de la investigación administrativa a cargo de Asuntos Internos.
Respecto al posible móvil del homicidio, indicó que corresponde a las autoridades ministeriales establecerlo, debido a que la carpeta permanece bajo reserva y su contenido no está disponible para la Secretaría.
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ofreció una interpretación distinta sobre el alcance de las declaraciones del fiscal y defendió la relación institucional entre el municipio y las autoridades estatales.
Desde su perspectiva, el señalamiento no necesariamente comprende a toda la corporación, sino a personas específicas.
“Yo creo que él se ha de ver referido a tránsitos en lo personal. La corporación siempre ha mantenido una estrecha relación con todos los órdenes de gobierno y con el y con la misma fiscalía estatal”, declaró Ramírez Sánchez al responder sobre las críticas a la colaboración municipal.
El presidente municipal planteó que algunos integrantes podrían no estar cumpliendo con sus responsabilidades, por lo que la investigación deberá identificar si hubo obstáculos para las diligencias.
Su postura desplazó el señalamiento general hacia posibles conductas individuales, sin descartar que existan responsabilidades dentro de la Dirección de Tránsito.
“Pero dentro de la corporación a veces hay personas que que no cumplen. Entonces, yo imagino que se refiere a algunos personas de tránsito, pero lo vemos, nosotros tenemos que ellos van a hacer la investigación, si nos dicen quiénes se obstruyeron el proceso, pues esos tenemos que enviarlos a la Comisión de Honor y Justicia”, señaló el alcalde.
Al ser cuestionado sobre si confiaba en el fiscal estatal, Ramírez Sánchez distinguió entre la persona que encabeza la institución y el organismo encargado de investigar los delitos.
Su respuesta mantuvo la confianza en la estructura institucional, mientras dejó sujeta a los resultados de las indagatorias cualquier medida contra servidores públicos municipales.
“No, yo confío en las instituciones. Yo confío en las instituciones y el fiscal no es la institución. El fiscal es parte de la institución y confiamos en la institución”, manifestó el alcalde al responder directamente sobre su confianza en Vázquez Alatriste.
En paralelo, Ramírez Sánchez informó que los exámenes de control de confianza para el personal de Tránsito registran un avance aproximado del 60 por ciento, con otro 40 por ciento pendiente.
También anunció reacomodos de mandos y la revisión de conductas para remitir posibles faltas a la Comisión de Honor y Justicia.
El alcalde reconoció que históricamente existía una conducta de solicitud de dinero por parte de agentes viales y aseguró que busca erradicarla, aunque negó tener indicios de infiltración de grupos delictivos en la corporación.
La depuración y las evaluaciones continuarán mientras se esclarece el homicidio de María del Rosario.
“Ha habido en tránsito un una cultura de pedir dinero históricamente. A mí también me han pedido, etcétera”, expresó Ramírez Sánchez al describir las prácticas que busca eliminar.
Sobre las posibles consecuencias de las revisiones, sostuvo que quienes no se apeguen a las nuevas reglas tendrán que ser separados.
El caso mantiene tres puntos centrales en referencia a la investigación que sostienen, de forma paralela, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y el Área de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya:
La Fiscalía considera que integrantes de la Policía de Celaya podrían aportar más información; la Secretaría asegura haber colaborado, aunque su titular desconoce si existe resistencia individual; y el presidente municipal, dirige la atención hacia posibles omisiones de agentes específicos, con medidas administrativas condicionadas a los resultados de ambas investigaciones.
