GUANAJUATO GTO., A 28 DE MAYO DE 2026.- Tras un despliegue ministerial que desarticuló una célula delictiva en el municipio de Pueblo Nuevo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo que el Poder Judicial condenara a 8 años de prisión a RICARDO “N”, LUIS MATEO “N”, RODRIGO “N” y ELEAZAR ANTONIO “N” por el delito de privación de la libertad agravada.
Esta resolución judicial se deriva de la carpeta de investigación iniciada el 26 de febrero de 2024, luego de un hecho delictivo ocurrido la madrugada del 22 de febrero de ese año. Alrededor de las tres de la mañana, sujetos armados irrumpieron violentamente en el hogar de la víctima ubicado en la comunidad de Cerritos.
Los agresores maniataron a la afectada con cinchos plásticos y la subieron por la fuerza a una camioneta, transportándola inicialmente hacia el puente de Santiaguillo. En ese punto la subieron a una motocicleta donde la esperaban dos sujetos, quienes la llevaron hacia la comunidad de Los Duranes.
En este último sitio, la víctima permaneció cautiva bajo vigilancia durante varias horas y posteriormente fue puesta en libertad dentro de la misma localidad. El desarrollo del proceso penal terminó en una audiencia de procedimiento abreviado. En dicho acto, la Fiscalía General sustentó la acusación con sólidos medios de convicción probatorios, lo que llevó al juzgador a emitir el fallo condenatorio.
Además de la pena corporal en prisión, la sentencia obliga a cada uno de los sentenciados al pago individual de una multa, junto con la suspensión inmediata de sus derechos político-electorales.
Como medida indispensable de justicia para la víctima directa, el tribunal fijó una indemnización destinada de manera integral a cubrir el tratamiento psicoterapéutico necesario para resarcir el daño infligido.
En el ámbito de las acciones operativas y materiales, la representación social decretó el aseguramiento e incautación de los vehículos utilizados para cometer el ilícito.
Finalmente, las diligencias ministeriales efectuadas arrojaron resultados contundentes en materia de análisis forense y reconstrucción de hechos, lo cual permitió robustecer el expediente penal.
La resolución obtenida representa el resultado de un trabajo ministerial sustentado en evidencia científica, análisis criminal y coordinación táctica, orientado a garantizar que los responsables enfrenten consecuencias legales y que las víctimas accedan a mecanismos reales de reparación y atención integral.
