Celaya, Guanajuato a martes 31 de marzo del 2026, (Alan Ordaz) – La investigación por el presunto desfalco en el municipio de Apaseo el Alto avanza con integración de carpeta, líneas firmes de indagatoria y un proceso en curso para cuantificar el daño al erario, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.
El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, confirmó que el caso no surgió a partir de su difusión pública, sino que ya se encontraba en curso previamente, con acciones encaminadas a documentar irregularidades financieras y establecer posibles responsabilidades administrativas y penales.
En ese sentido, se precisó que “ya la carpeta ya está iniciada, desde antes de que se supiera en medios”, lo que marca un punto de partida previo a la denuncia pública realizada por la administración municipal.
Las indagatorias contemplan la revisión de movimientos financieros y la identificación de posibles delitos relacionados con el manejo indebido de recursos, en un proceso que se desarrolla de manera progresiva conforme avanzan los actos de investigación.
Sobre el avance de las pesquisas, se indicó que “ya tenemos una línea de investigación firme, ya estamos en el tema de la cuantificación de los daños”, lo que ubica el caso en una etapa de análisis técnico y documental.
El posible ilícito de peculado se mantiene como una de las principales líneas, aunque no se descarta que surjan otras figuras delictivas conforme se integren nuevos elementos derivados de la revisión contable y administrativa.
En torno a ello, se puntualizó que “en un primer momento pudiera ser que es tal, pero hay otras figuras delictivas que vamos a poder establecer”, lo que abre la posibilidad de ampliar la clasificación jurídica del caso.
Las autoridades no han determinado aún el monto total del daño económico, debido a que continúan los procedimientos internos y externos necesarios para obtener una cifra precisa del presunto desfalco en las arcas municipales.
Al respecto, se reconoció que “en este momento sí, no está cuantificado, pero evidentemente hay un detrimento económico”, lo que confirma la existencia de afectación patrimonial sin una cifra definitiva hasta el momento.
La condición jurídica del exfuncionario involucrado se mantiene dentro del marco de imputación, mientras continúa sin presentarse ante las autoridades correspondientes para responder por los señalamientos existentes.
Sobre su estatus, se aclaró que “jurídicamente yo lo puedo señalar como imputado”, en tanto no se ha logrado su comparecencia dentro del proceso que se sigue en la Fiscalía General del Estado.
El procedimiento técnico clave para determinar el alcance del daño es el arqueo, el cual corresponde inicialmente al municipio y permitirá establecer con precisión el origen y evolución de las irregularidades detectadas.
En ese contexto, se explicó que “los arqueos, primero que nada el municipio debe establecer, a partir de cuánto y de cuándo se empezó a generar el detrimento económico”, como parte fundamental del proceso.
La complejidad de este ejercicio radica en la revisión detallada de registros financieros, movimientos bancarios y documentación contable, lo que requiere tiempo para obtener resultados concluyentes y verificables.
En relación con ello, se señaló que “el arqueo es complicado, pero eventualmente lo vamos a tener”, lo que proyecta que la cuantificación total será un elemento determinante para avanzar en la integración del caso.
El desarrollo de las investigaciones se mantiene en curso con la expectativa de esclarecer completamente los hechos, definir el alcance del daño patrimonial y establecer las responsabilidades correspondientes conforme al marco legal vigente.
