Celaya, Guanajuato a martes 31 de marzo del 2026, (Alan Ordaz) – La continuidad de las extorsiones contra empresas constructoras en Celaya mantiene en tensión la ejecución de obra pública, mientras autoridades refuerzan seguridad y la Fiscalía General del Estado subraya que la falta de denuncias formales limita el avance de investigaciones y la aplicación de sanciones.
En este contexto, la problemática se sostiene como un factor que impacta directamente en el desarrollo de infraestructura, con proyectos detenidos o ralentizados pese a la intervención de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno en distintos puntos del municipio.
Las medidas implementadas incluyen vigilancia permanente en obras, participación de fuerzas federales y estatales, así como coordinación con autoridades municipales, con el objetivo de garantizar la continuidad de trabajos y evitar nuevas interrupciones derivadas de amenazas o cobros ilegales.
A la par de estas acciones operativas, se reconoce que la integración de carpetas de investigación depende en gran medida de la formalización de denuncias por parte de los afectados, lo que incide en la posibilidad de judicializar los casos y fincar responsabilidades.
El Fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que:
“¿Qué creen? Que el problema de las denuncias es el principal punto que tenemos que atender”, al abordar el contexto de extorsión que enfrentan constructoras en Celaya.
La ausencia de denuncias formales se traduce en limitaciones operativas para las autoridades ministeriales, al restringir la apertura de carpetas y el seguimiento jurídico necesario para proceder contra los responsables de estos actos delictivos.
En ese sentido, expuso que “Mientras la gente no quiera denunciar formalmente, limita al ministerio público”, al referirse a las dificultades para avanzar en procesos legales que permitan sancionar este tipo de conductas.
De manera paralela, se han impulsado estrategias institucionales orientadas a establecer contacto directo con los sectores afectados, particularmente con empresas constructoras, a fin de generar condiciones que favorezcan la denuncia y el acompañamiento institucional.
Sobre estas acciones, indicó que “hemos pedido precisamente llevar a cabo reuniones de trabajo focalizadas para atender este problema”, en referencia a los acercamientos que busca establecer la Fiscalía con el sector de la construcción.
El fenómeno de la extorsión ha sido señalado como recurrente en el municipio, afectando tanto a grandes proyectos como a obras de menor escala, lo que incide en la dinámica económica y en la ejecución de programas de infraestructura pública.
En este escenario, la Fiscalía ha reiterado la importancia de fortalecer la confianza entre autoridades y sectores productivos, como elemento clave para combatir el delito y garantizar condiciones de seguridad en el desarrollo de actividades económicas.
Al respecto, se enfatizó que “Nos interesa demasiado. Ningún sector productivo, de la construcción o el que sea, puede dejar de estar protegido”, en relación con la cobertura institucional que se busca brindar a las empresas.
Las condiciones de seguridad también se vinculan con la generación de inversión y desarrollo económico, en un contexto donde la continuidad de obras públicas resulta fundamental para el crecimiento urbano y la prestación de servicios.
En este sentido, el Fiscal expuso que “Queremos generar condiciones de inversiones, de negocios, de seguridad, de ingresos para la sociedad”, al referirse a los objetivos que se persiguen mediante la atención de este fenómeno.
El llamado institucional se centra en la participación activa de empresarios y ciudadanía, con la finalidad de construir mecanismos efectivos que permitan iniciar procesos formales de investigación y fortalecer la respuesta del Estado ante la extorsión.
El Fiscal, concluyó reiterando la necesidad de colaboración al señalar que:
“Y eso tiene que ver con que la ciudadanía y las empresas dedicadas a este rubro de todos confíen en nosotros y podamos iniciar carpetas formalmente”, en un contexto donde la denuncia se posiciona como eje central para contener el delito.
