Celaya, Guanajuato a miércoles 10 de junio del 2026, (Alan Ordaz) – La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, descartó que existan elementos que vinculen al alcalde de Cortazar, Mauricio Estefanía, con el atentado armado denunciado por su hermano, Diego Estefanía Torres, dirigente municipal del PRI, y llamó a esperar los resultados de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado.
El pronunciamiento ocurre después del ataque armado registrado en la colonia Los Huertos, donde de manera extraoficial trascendió que el hijo de Diego Estefanía Torres y uno de sus escoltas resultaron heridos.
El caso generó repercusiones políticas tras los señalamientos públicos realizados contra el presidente municipal.
Mientras la Fiscalía integra la carpeta de investigación correspondiente y recaba evidencias para esclarecer los hechos, el Gobierno del Estado reiteró la necesidad de privilegiar la legalidad y evitar conclusiones anticipadas en un asunto que también involucra un conflicto familiar de carácter civil.
Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que “la Fiscalía está llevando a cabo las investigaciones y yo haré un llamado a los actores políticos a que actuemos con mesura, que permitamos que avancen las investigaciones y bueno, sobre todo la atención directa que hemos dado a las víctimas”.
La mandataria estatal insistió en que las responsabilidades y posibles implicaciones deberán determinarse únicamente mediante las indagatorias oficiales, particularmente por la relevancia pública de las personas involucradas y el impacto que el caso ha generado en la opinión pública del municipio.
En ese sentido, expresó que “lo más importante es esperar estas investigaciones antes de hacer cualquier tipo de señalamiento que no tenga un sustento verídico”, al referirse a las acusaciones dirigidas contra el alcalde de Cortazar tras el atentado registrado esta semana.
El caso también derivó en cuestionamientos sobre la participación de elementos de la Guardia Nacional en un domicilio relacionado con la disputa familiar.
La situación abrió un debate sobre los alcances del acompañamiento institucional y el uso de las corporaciones de seguridad.
Sobre este punto, la gobernadora explicó que “Diego, que pide el apoyo a la corporación y bueno, ellos no sabían en realidad que se trataba de un domicilio que no era realmente pues el suyo o que se encuentra en litigio familiar”, dentro del contexto reportado por las víctimas.
La postura estatal fue acompañada por un llamado a evitar que las instituciones de seguridad sean utilizadas en conflictos particulares que corresponden a otras instancias y procedimientos jurídicos distintos a la investigación penal actualmente en curso.
Por ello, García Muñoz Ledo sostuvo que “las autoridades siempre será acompañar a las víctimas pero que tampoco se utilicen las fuerzas del orden pues para dirimir conflictos que sean familiares”, al abordar las circunstancias que rodean la controversia.
A pesar de la confrontación pública entre ambos hermanos y de las acusaciones difundidas tras el atentado, el Gobierno del Estado descartó que exista un escenario de afectación inmediata a la gobernabilidad o al funcionamiento institucional del municipio de Cortazar.
La gobernadora indicó que “parte de nuestro trabajo desde el gobierno del Estado es garantizar las condiciones de gobernabilidad también para los municipios”, y agregó que existe comunicación con las autoridades locales para mantener la estabilidad institucional.
Dentro del análisis del caso, la administración estatal subrayó que el origen de la controversia también involucra diferencias familiares y asuntos civiles que deberán resolverse mediante los cauces legales correspondientes, sin intervención indebida de autoridades gubernamentales.
Al respecto, García Muñoz Ledo manifestó que “cualquier conflicto familiar no podemos intervenir nosotros como autoridades, tendrá que ser pues las propias autoridades civiles quienes participen”, diferenciando ese ámbito del proceso penal relacionado con el atentado.
Respecto a las acusaciones directas contra Mauricio Estefanía, la mandataria recordó que en Guanajuato ningún servidor público cuenta con privilegios que impidan ser investigado, aunque puntualizó que hasta ahora no existen elementos que acrediten una participación del alcalde.
“Hay que decir que en este momento no hay indicios de que haya una participación del alcalde, tendrá que revisar ya la Fiscalía, por eso es que hay que ser prudentes y dejar que corran las investigaciones”, señaló la gobernadora, mientras continúan las diligencias para esclarecer un hecho que mantiene atención política y social en Cortazar.
