Celaya, Gto a viernes 18 de julio del 2025. (Alan Ordaz).- El Gobierno Municipal de Celaya eliminó definitivamente la práctica de cobrar “multas de sangre” a bares o restaurantes donde se registraban hechos de violencia con víctimas mortales, al no existir fundamento legal en reglamento o tabulador para exigir pagos que superaban los siete mil pesos.
Eduardo Griss Kauffman, director de Fiscalización, detalló que durante la presente administración se ha priorizado el apoyo inmediato a los empresarios para reabrir sus establecimientos lo antes posible, una vez concluidas las diligencias periciales de la Fiscalía correspondientes a cada hecho.
“No tengo el dato preciso de cuántos, pero en todo momento hemos apoyado al empresario a abrir lo más pronto posible, evitando una multa que no está tipificada”, indicó el titular de la Dirección de Fiscalización, al referirse a los casos en que se han involucrado bares o restaurantes.
Griss Kauffman subrayó que en administraciones anteriores se cobraban sanciones sin sustento legal, aplicadas según el criterio de quien estaba a cargo.
“Las multas anteriores iban de 7 hacia arriba, que fue los datos que tenemos, y yo creo que las calificaban de acuerdo al humor que andaban, de manera irresponsable”.
Al ser cuestionado sobre la existencia reglamentaria de dichas sanciones, el funcionario respondió:
“No, definitivamente no, y se venían cobrando”, lo que motivó la eliminación inmediata de esa práctica, con la instrucción de permitir la pronta reapertura de los negocios afectados.
Mencionó dos casos recientes en los que se aplicaron las nuevas disposiciones, con reapertura inmediata tras las diligencias:
“Tengo en la mente el hecho violento del Bora Bora de Arroyo Che, creo, y este que ocurrió hace algunos días en San Telmo, y en este caso abrimos al día siguiente”.
En todos los casos atendidos durante esta gestión, la reapertura de los negocios ha sido facilitada con base en las disposiciones actuales.
“Y así en todos y cada uno de los casos, son multas que no estaban tipificadas o no están tipificadas y no tendrían por qué cobrarse”, agregó.
En el caso particular del establecimiento Bora Bora, se brindó atención especial para permitir un acto religioso previo a su reapertura.
“Nos habían pedido la facilidad porque iban a bendecir el lugar y lo iban a hacer a puerta cerrada, y de inmediato abrimos”, señaló.
Sobre el establecimiento Capilano, mencionó que también reanudó operaciones.
“El capilano sí reabrió, rentaron la licencia y el establecimiento, no son los propietarios que lo trabajaban anteriormente”, expresó, dejando en claro que se trata de nuevos responsables.
En cuanto a su papel dentro de las investigaciones, dejó claro que no es facultad de su dirección realizar indagatorias.
“No están en mis atribuciones hacer ningún tipo de investigación al respecto. Yo las evito y aplico el reglamento”, puntualizó.
El funcionario afirmó que los empresarios han recibido positivamente esta nueva política.
“Hoy nosotros damos esas facilidades para que puedan regresar a sus actividades comerciales”, mencionó, como parte del compromiso institucional por no obstaculizar la actividad económica.
El cierre de esta práctica marca una diferencia con gestiones pasadas, ofreciendo certidumbre jurídica y operativa a los propietarios de giros comerciales con venta de alcohol, quienes ya no están sujetos a cobros sin sustento en caso de incidentes fuera de su control.
