Celaya, Guanajuato a viernes 17 de abril del 2026, (Alan Ordaz) – Un nuevo ataque armado contra trabajadores de la construcción en Celaya expuso omisiones en materia de seguridad, luego de que una obra municipal en la colonia Tahi fuera blanco de disparos días después de haberse solicitado formalmente protección para el personal y la maquinaria.
Los hechos se registraron en el camino a Pelavacas, donde detonaciones de arma de fuego movilizaron a corporaciones de seguridad, tras reportes ciudadanos que alertaron sobre agresiones directas contra equipo de trabajo, sin que se reportaran personas lesionadas.
De acuerdo con el oficio emitido previamente por los responsables de la obra, fechado el 13 de abril de 2026, se advertía sobre riesgos concretos durante la ejecución del proyecto en la zona norte del municipio.
“Por medio del presente, me permito saludarle cordialmente y a la vez solicitar de su valioso apoyo en materia de seguridad pública, con motivo de la ejecución de la obra denominada REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO”.
El documento señala que la solicitud se sustentaba en hechos que ya comprometían la integridad de los trabajadores, en un contexto donde la obra apenas comenzaba y ya enfrentaba presiones externas vinculadas a cobros ilegales.
“Lo anterior se fundamenta en que, durante el desarrollo de los trabajos, se han presentado situaciones de riesgo para el personal y la correcta ejecución de la obra, derivadas de presuntas exigencias de cobro ilegal por parte de grupos delictivos”.
A pesar de la advertencia anticipada, no se implementaron medidas de resguardo en la zona ni se establecieron esquemas de vigilancia que garantizaran condiciones mínimas de seguridad para la continuidad de los trabajos.
“En virtud de lo anterior, y con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal, así como garantizar la continuidad de los trabajos en condiciones seguras, solicitamos atentamente:”.
La petición incluía acciones específicas para prevenir incidentes, entre ellas presencia policial constante y recorridos preventivos durante los horarios laborales, sin que estas medidas fueran atendidas antes del ataque registrado.
“• Presencia y vigilancia periódica de elementos de seguridad en la zona de la obra. • Apoyo en recorridos preventivos durante los horarios de trabajo. • Atención inmediata en caso de cualquier incidente o situación de riesgo.”
El ataque ocurrió cerca del mediodía, cuando sujetos armados arribaron al sitio y realizaron detonaciones contra la maquinaria, obligando a los trabajadores a resguardarse para evitar ser alcanzados por los disparos.
Las víctimas señalaron que arribaron sujetos a bordo de una moto y una camioneta, quienes hicieron detonaciones de arma de fuego en contra de la maquinaria.
Los trabajadores lograron ponerse a salvo sin registrar lesiones, aunque abandonaron el lugar ante el temor de un nuevo ataque, dejando únicamente daños materiales en una retroexcavadora utilizada en la obra.
Los trabajadores lograron ponerse a salvo y afortunadamente no hubo lesionados.
Habitantes de la zona habían advertido previamente que la obra ya había sido detenida días antes por motivos de inseguridad, en medio de un ambiente de temor entre quienes laboraban en el sitio.
La obra se paró en días pasados, trabajadores temían por su integridad y sólo realizaban trabajos espaciados y temprano.
El documento también establecía horarios específicos en los que se requería cobertura de seguridad, evidenciando que las condiciones de riesgo estaban plenamente identificadas antes de que ocurriera la agresión armada.
“La cobertura de seguridad en el siguiente horario: de 8:00 am a 5:30 pm, durante los días LUNES A VIERNES Y EL DIA SABADO CON HORARIO DE 8:00 am-1:00 pm”.
Este episodio se suma a una serie de घटनos similares registrados en el municipio, donde empresas constructoras han sido objeto de amenazas, extorsiones y ataques, provocando la suspensión de obras e incluso la salida de compañías por motivos de seguridad.
El caso contrasta con posicionamientos oficiales que sostienen la existencia de atención prioritaria hacia el sector productivo, particularmente en materia de seguridad y acompañamiento institucional ante riesgos operativos en zonas conflictivas.
La falta de respuesta a una solicitud formal emitida días antes del ataque abre cuestionamientos sobre los mecanismos de atención, la capacidad de reacción institucional y las condiciones en que operan proyectos públicos en zonas con antecedentes de violencia.
En este contexto, el incidente no solo refleja la persistencia de riesgos para el sector de la construcción, sino también las implicaciones de no atender alertas previas en tiempo y forma, en un entorno donde la seguridad continúa siendo un factor determinante.
