Chilpancingo, Gro a 6 de Agosto de 2026. Cientos de jornaleros agrícolas que padecen falta de apoyo por parte de los tres niveles de gobierno, procedentes de diversos municipios de las regiones Montaña Alta y Baja de Guerrero, iniciaron un proceso de migración a los campos agrícolas del norte del país, donde no sólo enfrentarán discriminación, sino extorsiones por parte de los grupos criminales que operan en esa zona, aseguró Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En entrevista telefónica, mencionó que el martes pasado partieron de Tlapa de Comonfort los primeros 117 jornaleros agrícolas, entre ellos 51 niñas, niños, y adolescentes, con rumbo a los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, San Luis Potosí y Sonora, donde trabajarán durante los próximos seis meses en el corte de chile y tomate verde.
Acotó que los jornaleros que migraron provienen principalmente de los municipios de Copanatoyac, Cochoapa El Grande, Tlapa, Metlatónoc, Alcozauca, Olinalá y Tlacoapa, donde debieron dejar sus hogares; mientras que los niños y adolescentes dejaron sus estudios a cambio de ir a trabajar para contribuir al ingreso familiar.
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Barrera Hernández consideró que el problema es resultado de “la falta de apoyos al campo –los programas gubernamentales son insuficientes—, y sobre todo, de que los productores son muy pobres, y no tienen recursos para comprar agroquímicos”, de tal manera que deben dejar sus lugares de origen como los municipios de Metlatónoc, Cochoapa, Acatepec, Alcozauca y Copanatoyac.
Lamentó que “para ellos la siembra ya no es una opción que les permita mantenerse dentro de su comunidad, porque ahorita las lluvias se han retrasado, no ha llovido como debe de llover, esta semana apenas empezó la lluvia; muchas plantas de maíz que se sembraron ya no van a dar” en demarcaciones como Chepetepec, Ayotzinapa y Cacahuatepec.
Abel Barrera consideró que la migración “se debe a la pobreza, falta de oportunidades laborales, y sobre todo al abandono por parte del gobierno; prueba de ello es que de los 51 menores que migraron, 20 son menores de cinco años de edad, y 64 jóvenes y adultos que nunca tuvieron acceso a la educación, y 52 no cursaron ni prescolar, primaria, secundaria o bachillerato”.
Relató que en la Casa del Jornalero, con sede en Tlapa, los migrantes tuvieron que comprar sus propios alimentos antes de abordar los autobuses que los trasladaron a localidades norteñas, y responsabilizó de esto “a la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, a la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (ambas dependencias del gobierno de Guerrero); la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, por no garantizar condiciones dignas para los jornaleros”.
Eso ocasiona que “la gente, al ver que no van a poder ni cosechar elotes, y tener ahí lo necesario para la familia, están decidiendo salirse antes de la temporada de cosecha; ese es un problema. El otro problema es que en verdad, aparte de la falta de apoyos al campo, a las familias, los programas generales que hay de parte de del gobierno federal, solamente se focalizan en algunas líneas, como los caminos artesanales, con algunos apoyos a a los artesanos, pero es insuficiente.
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“Por ejemplo lo de (el programa federal) Sembrando Vida, solamente son algunas familias lo reciben, no pasa de 30 familias por comunidad; no hay no hay opciones productivas, ni de ingreso para estas familias, esta gente que vive del campo, que hace que que algunos se beneficien, y que para otros su opción sigue siendo la migración”.
Advirtió que ahora “el problema de la migración es que ya empieza a haber casos de extorsión a las familias; hace un año empezaron a cobrar los autobuses de los jornaleros y esto hizo que la gente misma se atemorizara porque no los dejaban salir; se demoraba la salida hasta que el chofer hablaba con ‘el patrón’ (un líder criminal), negociaba, y para autorizar la salida del autobús tenían que depositar cinco mil pesos a un grupo de la delincuencia, que las autoridades no investigaron con el pretexto de que no hubo denuncia.
“Las mismas policías estatales, a pesar de dar cuenta de estas extorsiones, no procedieron a impedir nada porque estaban en flagrancia algunos hechos; eso hizo que la gente también se inhibiera, y también ahora ya no quieran venir los camiones al trabajo de traslado de la población jornalera; esperemos que esta situación no se empeore en cuanto al control de los diferentes giros comerciales y económicos que está tomando la delincuencia”.
Agregó que desde algunos campos agrícolas de los estados de Sinaloa y de Zacatecas “nos han llegado algunas peticiones de que intervengan las autoridades federales, porque a los campos han llegado grupos de la delincuencia; ha habido agresiones contra ellos, sobre todo de Sinaloa, aunque últimamente me informaron que en el estado de Zacatecas, en el municipio de Fresnillo, ahí en los campos agrícolas, que lamentablemente tienen que pagar, porque hay gente que se va en camionetas acá a los campos, y por cada camioneta que sale en la mañana con la gente al campo de Río Florido, es en esa región que les cobran 600 pesos a la semana por trasladar a las personas.
“La gente dice ‘pues ya no nos conviene’, porque lo poco que ganan lo tienen que dar, ya como extorsión, o sea es un pago a los grupos de la delincuencia; dicen ellos que el mismo delegado municipal, junto con policías, son los que se encargan de pedir esta cooperación. Ahora en los campos ya también se da la extorsión, los que tienen este transporte y les cobran semanalmente, dicen que son unas 200 camionetas que tienen que hacer fila para para pagar la extorsión a este señor que está vinculado con la delincuencia, y que es un pago de piso semanal”.
