Ciudad de México a 6 de Noviembre de 2026. Los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron un plan para atender la crisis que enfrenta el organismo por los señalamientos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, el cual incluye establecer controles para evitar que se repitan las presuntas irregularidades.
Entre las medidas de control administrativo propuestas para “restaurar la integridad” del instituto se encuentra solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un “ejercicio emergente de fiscalización” de todas las compras, arrendamientos y servicios contratados por el INE entre 2016 y 2026.
El plan también contempla la posibilidad de contratar una auditoría externa con una entidad privada y habilitar un buzón electrónico para recibir denuncias anónimas.
Asimismo, prevé establecer mecanismos de preservación de documentos, con apoyo de la ASF, elaborar un inventario de los contratos sujetos a revisión y dar prioridad a aquellos que pudieran afectar el proceso electoral en curso.
El propósito es identificar las circunstancias que propiciaron las presuntas irregularidades y detectar deficiencias en los mecanismos de control. Entre los aspectos por revisar se encuentra el acceso a los datos del padrón electoral y a otra información reservada o confidencial bajo resguardo del INE.
Exigen investigar y sancionar a responsables
Consejeros electorales y representantes partidistas coincidieron en que la crisis no se resuelve con la renuncia de una sola persona, sino que es necesario esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes, incluso de carácter penal, cuando procedan.
El consejero Arturo Castillo recordó que la Constitución contempla la prisión preventiva oficiosa para determinados delitos relacionados con corrupción, con el propósito de evitar que los presuntos responsables evadan la justicia mientras se desarrollan las investigaciones.
“Sin duda alguna es la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución. Jamás se había visto la renuncia de la Presidencia del consejo general vinculado a un escándalo de corrupción, se habían sustituido antes de tiempo por motivos de reforma, pero jamás habíamos visto algo de esta naturaleza”, expresó Castillo.
Previamente, ante representantes de los medios de comunicación, la consejera presidenta provisional, Blanca Cruz, subrayó que “la autonomía del Instituto no es sinónimo de opacidad”, por lo que ofreció transparencia y colaboración con las autoridades encargadas de investigar los hechos y, en su caso, imponer sanciones.
Por lo pronto, fue cancelada una reunión entre consejeros y funcionarios de las áreas de seguridad federal e inteligencia financiera, programada para este viernes en el INE.
El encuentro habría sido el primero para planear la verificación de integridad de las candidaturas que participarán en las elecciones del próximo año.
Cruz también informó que revisará las demandas de mejores condiciones laborales planteadas por los operadores de los módulos de atención ciudadana del INE, quienes advirtieron sobre la posibilidad de realizar un paro.
Buscan cerrar espacios a la discrecionalidad
Por la tarde, durante la sesión del Consejo General, la consejera Carla Humphrey señaló que la tarea principal del INE es “limpiar la casa para que lo sucedido no vuelva a ocurrir”.
El objetivo, añadió, es corregir las prácticas de favoritismo y abrir las contrataciones del instituto a licitaciones, incluso internacionales, para reservar las adjudicaciones directas a casos excepcionales y “cerrar todos los espacios a la discrecionalidad” y los conflictos de interés.
También planteó crear una comisión de administración con participación de los consejeros electorales, quienes habían quedado excluidos de las decisiones adoptadas por la Junta General Ejecutiva durante la gestión de Taddei.
En esta nueva etapa del INE, en la que se afirma que se recuperó la colegialidad, también se observaron cambios en la dinámica interna del organismo: se retiraron, en la práctica, los controles de acceso mediante torniquetes al edificio central, mientras los consejeros volvieron a mostrarse juntos ante la prensa.
Los representantes partidistas coincidieron en que la renuncia de Taddei es insuficiente y exigieron esclarecer quién autorizó los pagos a un reducido grupo de proveedores presuntamente favorecidos, así como determinar las responsabilidades correspondientes.
“Es imperativo limpiar el mugrero que se dejó. La renuncia no significa que esto quede así”, resumió Ernesto Guerra, representante del partido PAZ.
