Guadalajara, Jal a 14 de Octubre de 2026. Samuel Morales Navarro, joven de 24 años, músico por vocación y repartidor de Rappi por necesidad, relató las agresiones físicas, amenazas y el robo de sus herramientas de trabajo —motocicleta, casco y teléfono celular— que, según denunció, sufrió durante las 48 horas que permaneció detenido.
A diferencia de la mayoría de los 39 detenidos, que fueron liberados sin cargos, Samuel y otros tres hombres —Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdés— fueron vinculados a proceso por el juez Francisco Castellanos por el delito de lesiones calificadas.
“Hay mucha gente que todavía sigue amenazada, hay gente que todavía sigue lesionada con heridas tan graves que están hospitalizadas”, declaró Morales al salir de los juzgados de Puente Grande.
Samuel, quien contribuye al sostenimiento económico de su madre, Claudia Morales, actualmente bajo tratamiento oncológico, expresó su alivio por no haber sido desaparecido, pues, según denunció, policías estatales los amenazaron con hacerlo mientras los mantenían sometidos dentro de Casa Jalisco.
“El domingo los policías empezaron a agarrar gente como pudieron, de forma indiscriminada, a todos los metieron al mismo cuarto [dentro de Casa Jalisco] y mientras nos tenían en ese cuarto sometidos, seguían los golpes, seguían los insultos y las amenazas”, relató en entrevista.
Denuncia golpes y amenazas durante la detención
Morales aseguró que los uniformados se burlaban de los heridos que sangraban, les tomaron fotografías y los obligaron a proporcionar sus datos personales, bajo la amenaza de buscarlos posteriormente si presentaban denuncias en su contra.
Como ejemplo de la gravedad de las agresiones, afirmó que los policías le derribaron varios dientes superiores e inferiores a Alexis Daniel, uno de los detenidos más jóvenes, y posteriormente se burlaron de él mientras lo señalaban: “Ahí está el molacho”.
Según su testimonio, después fueron trasladados en un camión a la Fiscalía del Estado, trayecto durante el cual continuaron las agresiones físicas y sicológicas.
A su llegada, permanecieron en el patio hasta las 3 de la madrugada, cuando finalmente se les permitió comunicarse con sus familias, aunque antes, sostuvo, fueron amenazados para evitar que presentaran denuncias.
Defensa acusa criminalización de la protesta
Por su parte, la abogada defensora y activista Alejandra Cartagena calificó de “aberración” los cargos imputados a los cuatro procesados, a quienes, además de lesiones calificadas, se les atribuye la portación de armas punzocortantes y explosivos.
La defensora consideró que estas acusaciones forman parte de una estrategia para criminalizar la protesta social.
Ante la pérdida de sus herramientas de trabajo, integrantes de la comunidad iniciaron una campaña de solidaridad para recaudar fondos en apoyo a Samuel y su familia, mediante una cuenta bancaria a nombre de su madre, Claudia Morales.
