Santa María la Alta, 27 de Junio de 2026.- Un grupo de pobladores de la comunidad de Santa María la Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, se manifestó la tarde de este viernes frente a la nueva sede de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla, en demanda de la transferencia de recursos públicos federales que acusan les han sido retenidos.
Los inconformes, pertenecientes al pueblo mixteco y hablantes de náhuatl, denunciaron una presunta discriminación institucional y la falta de reconocimiento a sus autoridades tradicionales.
Con pancartas y consignas de “¡Pueblo náhuatl”, “¡No contubernio!” y “¡Respeto a la Constitución!”, los manifestantes urgieron la intervención de las autoridades estatales para destrabar el conflicto que mantiene frenada la ejecución de obras básicas de infraestructura en su localidad, con cerca de 10 mil habitantes.
En entrevista, Alberto Dolores Flores, consejero nacional de los pueblos indígenas, explicó que la movilización obedece al desacato de las resoluciones judiciales que facultan a la comunidad para administrar de forma directa su presupuesto.
“Estamos aquí exigiendo que se cumpla la sentencia que viene desde el 2019 a favor de nuestra comunidad indígena. Y eso es lo que venimos exigiendo, pedimos lo que ya ordenó la sentencia, que es administrarnos los recursos”, declaró el representante comunitario.
Otro de los pobladores señaló directamente al presidente municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, Martín Camargo, de ejercer una “exclusión sistemática contra las localidades originarias”.
De acuerdo con las denuncias presentadas por las autoridades comunitarias, el ayuntamiento mantiene una retención indebida del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (Faismun), una partida etiquetada específicamente para abatir el rezago en zonas de alta marginación.
A la par del ahogo financiero, los inconformes acusan una violación flagrante a sus derechos constitucionales de libre determinación, debido a que las autoridades elegidas mediante los sistemas normativos internos -asamblea comunitaria- no son reconocidas ni recibidas por la administración del ayuntamiento.
Municipio argumenta falta de orden legal
Respecto a las respuestas obtenidas por parte de las autoridades municipales de Tlacotepec de Benito Juárez, el consejero nacional Alberto Dolores Flores señaló que la alcaldía ha evadido la entrega de los fondos, argumentando que se requiere una instrucción directa de las instituciones financieras y electorales del estado.
“El municipio dice que le tiene que ordenar el Tribunal Electoral, que incluso la Secretaría de Finanzas. Entonces, como no hay ninguna orden, tanto de Finanzas como del Tribunal, eso es lo que nosotros venimos exigiendo, porque la sentencia se dio desde el año 2019”, señaló.
Ante esta situación, el líder indígena adelantó que la comisión representativa mantendrá la protesta social y acudirá a las instancias correspondientes en la capital para vigilar las resoluciones de corto plazo dictadas por la justicia federal.
“De aquí vamos al Tribunal Electoral para recibir también una respuesta. El Tribunal Regional de la Ciudad de México dio un plazo de tres días para determinar que ya debe de dar por terminado o de ejecutar la sentencia”, puntualizó.
Santa María la Alta busca convertirse en municipio autónomo
Los habitantes de Santa María la Alta reclamaron la asignación directa de los recursos correspondientes a los Ramos 28 y 33, bajo el argumento de su derecho como comunidad indígena originaria para ejercer la transparencia en el manejo del presupuesto.
“Tenemos derecho como comunidad indígena originaria a administrar los recursos federales, estatales y partidas especiales. Ellos dicen que no hay una ley donde lo marque y, efectivamente no hay, pero tampoco nos dicen en dónde está esa ley que no nos permite administrar el recurso”, enfatizó Alberto Dolores Flores.
Para robustecer su defensa legal y social, los pobladores confirmaron que ya han presentado quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La población buscará formalmente su emancipación política para convertirse en municipio indígena de habla náhuatl y de origen mixteco reconocido como bilingüe en la entidad, con el objetivo de blindar su identidad y autodeterminación jurídica.
A la zona de Finanzas arribaron agentes de la Policía Estatal y de Proximidad Vial para resguardar el perímetro, mientras la comisión de inconformes ingresaba a las oficinas de la dependencia para entablar una mesa de diálogo con las autoridades.
A fin de exigir el cumplimiento de la sentencia histórica sobre el autogobierno y la transferencia directa de recursos (expediente TEEP-A-135/2019 y SCM-JDC-1225/2019), pobladores acudieron a las autoridades jurisdiccionales federales para que se ejecute la resolución.
Debido a que el Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez y el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) tienen años de rezago y omisiones en este proceso, interpusieron un Incidente de Inejecución de Sentencia, a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual dio un plazo de tres días para que las autoridades cumplan con la entrega de los recursos, que venció este viernes.
