Con el inicio oficial del proceso electoral en México, el país se sumerge en un clima opacado por la violencia y la inseguridad. Los datos alarmantes revelan que al menos 33 figuras políticas, muchas de ellas postulantes a diversos cargos en los próximos comicios del 2 de junio, han sido víctimas de asesinato en los primeros dos meses del año 2024. Estas cifras han encendido las alarmas ante el temor de que las elecciones de este año puedan convertirse en las más sangrientas en la historia del país, superando cifras anteriores. El reciente asesinato de dos candidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Michoacán, solo este lunes, ejemplifica la violencia que amenaza el proceso democrático.
El inicio de la campaña electoral, previsto para este viernes, no ha frenado los ataques. Organismos encargados de monitorear la violencia político-electoral han registrado una escalada de homicidios, secuestros, desapariciones, balaceras y amenazas de muerte en al menos 14 estados del país. Esta situación arroja una sombra sobre el proceso democrático mexicano.
La inseguridad en México se vuelve una de las principales preocupaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un año electoral crucial, en el que se elegirán más de 20,000 cargos públicos, incluyendo la presidencia, gubernaturas, congresos locales y federal, así como presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, el país se enfrenta a un desafío sin precedentes. Históricamente, los comicios han sido acompañados por una agravante ola de violencia y este año parece no ser la excepción.
Los primeros indicadores del 2024 confirman esta tendencia, ya que al menos en enero, se registraron 35 ataques o amenazas contra funcionarios o exfuncionarios, con un saldo de 21 víctimas fatales. Aunque las cifras de febrero aún no están completas, los reportes preliminares sugieren que los asesinatos podrían alcanzar los 33. Estas cifras son alarmantes si se comparan con los registros de años anteriores. En las elecciones de 2021, por ejemplo, al menos 35 aspirantes fueron asesinados, mientras que en las presidenciales de 2018, el número de víctimas fatales llegó a 48, según datos de la consultora Etellekt.
El crimen organizado juega un papel determinante, puede implicarse en el hecho de apretar el gatillo e incluso de manipular los resultados electorales. Un análisis del Colegio de México sobre los asesinatos cometidos durante las elecciones de 2021 reveló que los candidatos son eliminados para incidir en los resultados electorales, ya sea para evitar el triunfo de determinado aspirante o para desmotivar la participación ciudadana.
La violencia política no distingue entre partidos ni niveles de gobierno, pero encuentra su punto más claro en los ámbitos locales. Los recientes ataques en Maravatío, Michoacán, donde candidatos de distintos partidos fueron asesinados, son un ejemplo claro de esta situación. Miguel Ángel Zavala Reyes, de Morena, y Armando Pérez Luna, del PAN, fueron atacados a balazos con unas horas de diferencia, dejando en evidencia la brutalidad de la violencia en ciertas regiones del país.
La lista de víctimas fatales continúa creciendo. En febrero, miembros de la familia del senador de Morena, Ricardo Monreal, fueron blanco de ataques mortales. Estos hechos, junto con otros crímenes políticos cometidos en diferentes estados, arrojan un panorama desolador sobre la integridad del proceso electoral mexicano.
En este contexto, el inicio oficial de las campañas electorales se da en un clima de incertidumbre y tensión. Grupos opositores, tanto a nivel federal como local, han exigido medidas de seguridad para garantizar elecciones libres y justas. A pesar de los esfuerzos del Gobierno y del Instituto Nacional Electoral para implementar un plan de seguridad, que incluye escoltas para los candidatos, la eficacia de estas medidas aún no se reflejan.
Con tres meses por delante hasta las elecciones, México se enfrenta a uno de los mayores desafíos en su historia democrática. La violencia y la inseguridad amenazan con socavar la confianza en las instituciones democráticas y minar la participación ciudadana en el proceso electoral. En un momento en que la democracia mexicana debería florecer, la sombra de la violencia y la guerra sucia plantea serios interrogantes sobre el futuro del país.
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