Reynosa, 9 de Agosto de 2026.- Reynosa, Tamps. Inspectores del Ayuntamiento de Reynosa recorrieron desde 2023 la Brecha El Becerro, revisaron instalaciones y tuvieron conocimiento de predios clausurados por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el mismo corredor donde años después fuerzas federales localizaron una instalación utilizada para almacenar y presuntamente procesar hidrocarburos de procedencia ilegal.
El alcalde Carlos Peña Ortiz confirmó esos antecedentes al explicar que el gobierno municipal intervino en la zona después de recibir denuncias de habitantes por la presencia de residuos peligrosos en sus propiedades.
“Ahorita recordando con los inspectores, nos habían dicho que la vez que hicieron inspección en ese lugar a petición de los vecinos que había residuos peligrosos en sus terrenos, ese predio y otros estaban clausurados por ASEA, tenían los sellos de clausura por ASEA… Ahí había clausura en su momento en 2023–2024”, indicó.
El reconocimiento ocurre después de que durante 2026 autoridades federales realizaron diferentes operativos en Reynosa que derivaron en el aseguramiento de más de 7.3 millones de litros de hidrocarburos y de instalaciones relacionadas con su almacenamiento y presunto procesamiento.
La semana pasada, uno de esos despliegues permitió localizar una presunta mini refinería precisamente en el corredor de la Brecha El Becerro, donde, según la narración del propio alcalde, el Ayuntamiento había realizado recorridos años atrás.
Peña Ortiz detalló que las actuaciones municipales comenzaron después de un encuentro con vecinos que denunciaron el presunto vertimiento de materiales peligrosos. Aseguró que, después de encontrar residuos, fueron revisados distintos predios e instalaciones de la zona.
“Alguna vez pasamos por la Brecha El Becerro, nos pararon unos vecinos y nos dijeron que están viendo residuos peligrosos en sus predios, y fuimos a analizar quien lo estaba haciendo y al encontrar ese residuo nosotros visitamos todos los predios aledaños, instalaciones como esa, que hay varias en esos lugares y checamos que estaban clausurados por ASEA, en esos momentos, cuando estaban ahí los vecinos conmigo, cuando compartieron sus inquietudes de que estaban tirando residuos peligrosos. Entonces no sabemos de ahí cómo está la situación pero hace más de dos años, hace años y medio o dos estaba clausurado por la ASEA esos tipos de predios, hay que ver qué paso posteriormente”.
El presidente municipal no explicó si después de esa intervención se abrió algún procedimiento administrativo, si hubo nuevas inspecciones o si las denuncias y los hallazgos fueron comunicados a las autoridades federales competentes.
Ante los cuestionamientos sobre los permisos que hicieron posible la construcción de los inmuebles ubicados en esa parte del municipio, Peña Ortiz sostuvo que diferentes aspectos de su regulación corresponden al gobierno estatal y a autoridades federales.
“En protección civil le compete al estado cualquier instalación arriba de mil metros, Desarrollo Urbano no porque está fuera de la mancha urbana y son pastizales y área forestal, en el tema de ecología podemos ayudar cuando hay instalaciones que tienen residuos peligrosos y es por eso que los vecinos se acercaron a nosotros, pero en lo que tenga que ver con hidrocarburos la ley prohíbe a los municipios ingresar a hacer inspecciones porque no nos compete nada”.
La respuesta no precisó si el Ayuntamiento otorgó licencias para la construcción de los inmuebles. Tampoco confirmó la existencia de algún cambio de uso de suelo en los terrenos donde se encontraban las instalaciones.
Sobre ese aspecto, el alcalde declaró: “Al parecer no hubo cambio de uso de uso, se tramitaron permisos ante ASEA de pastizales”.
Peña Ortiz insistió en separar las atribuciones municipales de las facultades federales relacionadas con hidrocarburos y rechazó que su administración tuviera competencia para inspeccionar las actividades que posteriormente fueron objeto de los operativos.
“El municipio no da ni expide permisos con respecto a ese tipo de predios que tengan que ver con hidrocarburos”.
Pese a ese deslinde, la propia versión del alcalde establece que funcionarios municipales sí estuvieron en la Brecha El Becerro desde 2023–2024 y que su presencia respondió precisamente a reportes sobre residuos peligrosos.
También confirma que durante aquellos recorridos el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la existencia de varias instalaciones en el corredor y constató que algunos predios estaban clausurados por la ASEA.
El antecedente cobra relevancia porque por ley corresponde a los municipios otorgar licencias para la construcción de inmuebles dentro de su territorio y supervisar su destino, ya sea habitacional, comercial o industrial, independientemente de las atribuciones que corresponden a la Federación sobre las actividades relacionadas específicamente con hidrocarburos.
Peña Ortiz se deslindó de cualquier responsabilidad en torno a la edificación de la presunta mini refinería donde se habría procesado petróleo robado de Veracruz y Tabasco y centró su explicación en que el Ayuntamiento no tiene competencia sobre la regulación de hidrocarburos.
Al referirse a los señalamientos públicos por el caso, el alcalde los calificó como un “ataque político”, anunció que solicitará derecho de réplica y aseguró que existen actores interesados en desviar la atención sobre los verdaderos responsables.
Las declaraciones dejan documentado, sin embargo, que el gobierno municipal tuvo conocimiento previo de anomalías ambientales en el mismo corredor donde posteriormente se desarrollaron los operativos federales.
También abren una interrogante sobre el periodo comprendido entre aquellas inspecciones municipales y los aseguramientos de 2026: qué ocurrió con los predios clausurados, qué autoridad dio seguimiento a las denuncias y qué acciones realizó el Ayuntamiento después de constatar personalmente la situación en la Brecha El Becerro.
