Celaya, Guanajuato a lunes 11 de mayo del 2026, (Alan Ordaz) – La continuidad de ataques y actos de extorsión contra obras públicas en Celaya mantiene bajo presión a constructoras, trabajadores y autoridades municipales, particularmente en proyectos vinculados con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA).
El municipio reconoció deficiencias de comunicación, ajustes pendientes en los esquemas de protección y la persistencia de hechos violentos pese a detenciones recientes realizadas por autoridades estatales.
El atentado más reciente ocurrió sobre la avenida El Sauz, frente a las instalaciones del ISSSTE, donde un hombre a bordo de una motocicleta incendió una camioneta utilizada para trasladar trabajadores de obra pública.
El hecho se sumó a los ataques registrados previamente en el camino a Pelavacas, a la altura del fraccionamiento Tahi.
En menos de un mes, las agresiones contra obras municipales han incluido ataques armados y daños materiales a vehículos y maquinaria.
La situación ocurre en medio de antecedentes acumulados desde 2025, cuando constructoras vinculadas a proyectos públicos comenzaron a enfrentar amenazas, extorsiones y hechos violentos relacionados con sus actividades en distintos puntos de la ciudad.
El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que las extorsiones continúan en el municipio y admitió que todavía existen problemas operativos en la coordinación de seguridad para las obras públicas.
“Sí, sí continúa, pero les digo que cada día es menos. El equipo de anti-extorsión ya agarró a dos bandas distintas y van por las que siguen”.
Respecto al ataque más reciente, el alcalde sostuvo que la empresa constructora modificó parte de su esquema operativo sin notificar a las autoridades responsables de la vigilancia.
“Y resulta que el dueño, sin comentarlo al comandante, perdón, al teniente coronel o al coronel, se cambió, se cambió y se llevó a la gente a hacer otra parte de obra”.
El municipio señaló que el despliegue de protección dependía de información previa proporcionada por las constructoras para mantener vigilancia permanente o recorridos preventivos en las zonas de trabajo.
“Por ejemplo, en este caso, si ellos se van a ir a otra obra, pues nos tienen que avisar, que tienen que avisar a nuestro… nosotros no adivinamos”, sentenció Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal de Celaya.
La administración municipal también reconoció fallas de coordinación durante el segundo ataque registrado en el fraccionamiento Tahi, donde trabajadores continuaron labores sin acompañamiento policial permanente pese a antecedentes de agresiones previas en la misma obra relacionada con rehabilitación de drenaje rumbo a la comunidad de Pelavacas.
Sobre esos hechos, Juan Miguel Ramírez Sánchez aceptó retrasos en el despliegue operativo de seguridad.
“Lo que sí sé es que parece que llegaron, por ejemplo, a las 8 los trabajadores y nosotros llegamos a las 9. Ahí también hubo un problema de comunicación”.
Las obras vinculadas con JUMAPA concentran actualmente la mayor parte de los incidentes recientes debido a que son de las pocas acciones de infraestructura que permanecen activas en la ciudad.
El municipio explicó que gran parte de los proyectos iniciados anteriormente ya concluyeron tras operar bajo esquemas especiales de acompañamiento policial y coordinación institucional.
“Son las únicas que quedan. La inmensa mayoría de obras ya se terminaron. Tuvimos muchas obras, si ustedes se acuerdan, en esta misma situación. La mayoría ya se concluyeron. Les dimos protección, se terminaron”, expresó el presidente municipal al abordar la concentración de ataques recientes sobre proyectos relacionados con infraestructura hidráulica.
El gobierno municipal informó que actualmente únicamente dos obras cuentan con esquemas activos de seguridad y vigilancia por parte de corporaciones locales.
“Ahorita, si mal no recuerdo, solamente dos”, indicó el alcalde al ser cuestionado sobre la cantidad de proyectos protegidos actualmente por elementos municipales.
En algunos casos, la vigilancia se mantiene de manera fija dentro de las zonas de trabajo, particularmente donde existen antecedentes de amenazas o ataques.
“En algunos casos, como en este, es permanente. Es en la obra, es en la obra a la que estamos seguros. Dependiendo la obra le damos”.
El municipio insistió en la necesidad de fortalecer la comunicación entre constructoras y autoridades de seguridad para evitar vulnerabilidades en los operativos preventivos.
“Yo les pido a todo mundo que cooperemos, que hay una cooperación conjunta”, señaló el alcalde al referirse a los ajustes que buscan implementar tras los ataques recientes.
Las autoridades municipales también reconocieron que el combate a la extorsión depende en parte de la denuncia formal por parte de víctimas y empresas afectadas.
“Entonces esto solamente es posible también cuando la gente demanda. Deben demandar, hay demandas por teléfono donde no queda huella de que son demandas”.
En paralelo a los hechos violentos, el municipio enfrenta limitaciones presupuestales que han frenado la contratación de nueva obra pública durante los primeros meses del año.
La administración local informó que actualmente continúan ejecutándose proyectos heredados del ejercicio anterior mientras esperan la llegada de nuevos recursos estatales y federales para ampliar las acciones de infraestructura.
“Quedan muy pocas obras, todavía no tenemos el dinero para empezar a ofertar nueva obra”, señaló Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien también sostuvo que el municipio mantendrá respaldo operativo y coordinación institucional para garantizar condiciones de seguridad que permitan continuar y concluir los trabajos públicos pendientes en Celaya.Celaya, Guanajuato a lunes 11 de mayo del 2026, (Alan Ordaz) – La continuidad de ataques y actos de extorsión contra obras públicas en Celaya mantiene bajo presión a constructoras, trabajadores y autoridades municipales, particularmente en proyectos vinculados con la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA).
El municipio reconoció deficiencias de comunicación, ajustes pendientes en los esquemas de protección y la persistencia de hechos violentos pese a detenciones recientes realizadas por autoridades estatales.
El atentado más reciente ocurrió sobre la avenida El Sauz, frente a las instalaciones del ISSSTE, donde un hombre a bordo de una motocicleta incendió una camioneta utilizada para trasladar trabajadores de obra pública.
El hecho se sumó a los ataques registrados previamente en el camino a Pelavacas, a la altura del fraccionamiento Tahi.
En menos de un mes, las agresiones contra obras municipales han incluido ataques armados y daños materiales a vehículos y maquinaria.
La situación ocurre en medio de antecedentes acumulados desde 2025, cuando constructoras vinculadas a proyectos públicos comenzaron a enfrentar amenazas, extorsiones y hechos violentos relacionados con sus actividades en distintos puntos de la ciudad.
El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que las extorsiones continúan en el municipio y admitió que todavía existen problemas operativos en la coordinación de seguridad para las obras públicas.
“Sí, sí continúa, pero les digo que cada día es menos. El equipo de anti-extorsión ya agarró a dos bandas distintas y van por las que siguen”.
Respecto al ataque más reciente, el alcalde sostuvo que la empresa constructora modificó parte de su esquema operativo sin notificar a las autoridades responsables de la vigilancia.
“Y resulta que el dueño, sin comentarlo al comandante, perdón, al teniente coronel o al coronel, se cambió, se cambió y se llevó a la gente a hacer otra parte de obra”.
El municipio señaló que el despliegue de protección dependía de información previa proporcionada por las constructoras para mantener vigilancia permanente o recorridos preventivos en las zonas de trabajo.
“Por ejemplo, en este caso, si ellos se van a ir a otra obra, pues nos tienen que avisar, que tienen que avisar a nuestro… nosotros no adivinamos”, sentenció Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal de Celaya.
La administración municipal también reconoció fallas de coordinación durante el segundo ataque registrado en el fraccionamiento Tahi, donde trabajadores continuaron labores sin acompañamiento policial permanente pese a antecedentes de agresiones previas en la misma obra relacionada con rehabilitación de drenaje rumbo a la comunidad de Pelavacas.
Sobre esos hechos, Juan Miguel Ramírez Sánchez aceptó retrasos en el despliegue operativo de seguridad.
“Lo que sí sé es que parece que llegaron, por ejemplo, a las 8 los trabajadores y nosotros llegamos a las 9. Ahí también hubo un problema de comunicación”.
Las obras vinculadas con JUMAPA concentran actualmente la mayor parte de los incidentes recientes debido a que son de las pocas acciones de infraestructura que permanecen activas en la ciudad.
El municipio explicó que gran parte de los proyectos iniciados anteriormente ya concluyeron tras operar bajo esquemas especiales de acompañamiento policial y coordinación institucional.
“Son las únicas que quedan. La inmensa mayoría de obras ya se terminaron. Tuvimos muchas obras, si ustedes se acuerdan, en esta misma situación. La mayoría ya se concluyeron. Les dimos protección, se terminaron”, expresó el presidente municipal al abordar la concentración de ataques recientes sobre proyectos relacionados con infraestructura hidráulica.
El gobierno municipal informó que actualmente únicamente dos obras cuentan con esquemas activos de seguridad y vigilancia por parte de corporaciones locales.
“Ahorita, si mal no recuerdo, solamente dos”, indicó el alcalde al ser cuestionado sobre la cantidad de proyectos protegidos actualmente por elementos municipales.
En algunos casos, la vigilancia se mantiene de manera fija dentro de las zonas de trabajo, particularmente donde existen antecedentes de amenazas o ataques.
“En algunos casos, como en este, es permanente. Es en la obra, es en la obra a la que estamos seguros. Dependiendo la obra le damos”.
El municipio insistió en la necesidad de fortalecer la comunicación entre constructoras y autoridades de seguridad para evitar vulnerabilidades en los operativos preventivos.
“Yo les pido a todo mundo que cooperemos, que hay una cooperación conjunta”, señaló el alcalde al referirse a los ajustes que buscan implementar tras los ataques recientes.
Las autoridades municipales también reconocieron que el combate a la extorsión depende en parte de la denuncia formal por parte de víctimas y empresas afectadas.
“Entonces esto solamente es posible también cuando la gente demanda. Deben demandar, hay demandas por teléfono donde no queda huella de que son demandas”.
En paralelo a los hechos violentos, el municipio enfrenta limitaciones presupuestales que han frenado la contratación de nueva obra pública durante los primeros meses del año.
La administración local informó que actualmente continúan ejecutándose proyectos heredados del ejercicio anterior mientras esperan la llegada de nuevos recursos estatales y federales para ampliar las acciones de infraestructura.
“Quedan muy pocas obras, todavía no tenemos el dinero para empezar a ofertar nueva obra”, señaló Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien también sostuvo que el municipio mantendrá respaldo operativo y coordinación institucional para garantizar condiciones de seguridad que permitan continuar y concluir los trabajos públicos pendientes en Celaya.
