Celaya, Guanajuato a jueves 05 de febrero del 2026, (Celaya News) -La administración municipal de Celaya mantiene en análisis jurídico el amparo promovido por el ex presidente municipal Javier Mendoza Márquez, relacionado con la conservación de una camioneta blindada y escoltas, tras haber vencido el periodo legal de un año posterior a su mandato.
Desde el ámbito de seguridad pública, se informó que el ayuntamiento inició procedimientos legales ante la negativa de devolver los vehículos y elementos asignados, al considerar que el plazo establecido por ley ya concluyó y que no existen bases jurídicas claras para extender este apoyo.
Juan Miguel Ramírez Sánchez, Presidente Municipal de Celaya, expuso que “por ley es un año”, al referirse al tiempo durante el cual se otorga protección institucional a ex alcaldes, subrayando que, pese a prórrogas, el apoyo otorgado superó ese límite legal establecido.
El alcalde detalló que el ex edil y su equipo justificaron la solicitud bajo el argumento de afectaciones externas, señalando que “él y su equipo argumentan que él tiene daños colaterales”, situación que fue valorada por instancias externas al ayuntamiento.
Indicó que una comisión, sin precisar cuál, intervino en el análisis del caso, ya que “una de las comisiones, no sé si es la Comisión de Derechos Humanos o la otra comisión, ha determinado que sí hay daños colaterales”, lo que derivó en solicitudes formales de apoyo.
Ante esa situación, el gobierno municipal optó por trasladar la decisión al ámbito legal, explicando que “nosotros queremos un poco judicial eso y que nos, entre comillas, nos digan si hay que apoyarlo al 100%, como él pide”.
El presidente municipal reiteró que el ayuntamiento carece de sustento jurídico para mantener el respaldo, al afirmar que “no tenemos las bases legales para decirle, ah, pues sí te la prestamos”, aludiendo tanto a los vehículos como al personal de seguridad asignado.
Precisó que actualmente el ex presidente municipal conserva recursos limitados, ya que “tiene una camioneta y cinco escoltas”, luego de que paulatinamente se redujo el número de unidades debido a diversas circunstancias administrativas y operativas.
Sobre el estado de los vehículos, Ramírez Sánchez señaló que “la última camioneta que nos entregaron todavía la tenemos en el taller”, al explicar que requiere reparación especializada tras daños registrados durante su uso previo.
Confirmó que, tras la negativa institucional, el ex edil inició acciones legales, reiterando que “metió un amparo”, procedimiento que actualmente se encuentra bajo revisión por parte de área jurídica del gobierno municipal.
Respecto a la controversia pública generada, el alcalde reconoció inconformidad social y manifestó su sorpresa ante la postura adoptada, expresando que “a mí me extraña que personas que tienen recursos económicos actúen de esa forma”.
El ayuntamiento de Celaya continúa a la espera de resoluciones jurídicas que determinen el alcance de las obligaciones municipales, mientras se revisa el uso de recursos públicos de seguridad, en un contexto marcado por debate ciudadano y procedimientos legales en curso.
