Celaya, Gto a martes 13 de mayo del 2025. (Alan Ordaz).- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, estableció un periodo de dos semanas para que los comerciantes instalados en la vía pública en Antonio Plaza, específicamente en las laterales del Quinto Sol, presenten documentos que acrediten la presunta compra de espacios, previo a una posible regularización.
El mandatario explicó que el operativo de retiro obedeció a una política pública de reordenamiento del comercio, con el objetivo de recuperar banquetas y avenidas principales para el libre tránsito, medida que ha sido planteada con diversas organizaciones desde el inicio de su administración.
“Nosotros hemos, como una política pública de nosotros, reacomodar el comercio. Hemos, nos hemos reunido con, por lo menos con unas 14 organizaciones donde les hemos pedido que nos ayuden y que nosotros les vamos a ayudar”, dijo Ramírez Sánchez.
Precisó que el caso del Quinto Sol fue uno de los más solicitados por la ciudadanía durante su campaña, donde le pedían atender el crecimiento desordenado del comercio ambulante en esa zona, incluyendo estructuras fijas como paredes de lámina que obstaculizaban el paso.
“En el Quinto Sol, desde que hicimos campaña, la gente me pedía que diéramos solución al Quinto Sol, que tenían trienos y treños y que ya se habían comido a la banqueta”, relató el presidente municipal respecto a las exigencias ciudadanas.
Durante el proceso de diálogo, se detectó que un grupo de comerciantes ubicados en la banqueta exterior al mercadito del Quinto Sol afirmaba haber adquirido los espacios de manera legítima, mostrando documentos presuntamente expedidos por dependencias como Desarrollo Urbano y Fiscalización.
“Argumentando que se les vendió el pedazo, que desarrollo urbano, fiscalización y otras dependencias públicas desde hacía 12 años se les empezaron a vender los pedazos”, comentó Ramírez Sánchez sobre las razones que los comerciantes expusieron en la reunión.
Ante dicha situación, el alcalde acordó revisar la documentación entregada y contrastarla con los registros oficiales de Desarrollo Urbano.
La Dirección Jurídica municipal también participará en la verificación para determinar si existen elementos que sustenten una regularización legal.
“Nosotros estamos buscando fotocopias de que sí, de que efectivamente se les vendió, se les concesionó o se les rentó. Y los vamos a checar. La propuesta es que si ellos tienen razón, nosotros los regularizamos”, explicó el presidente.
Añadió que, de comprobarse la validez legal de los documentos presentados, se respetará la permanencia de quienes acrediten la compra o cesión de los espacios.
De lo contrario, procederán con su retiro conforme a la ley, incluyendo estructuras y construcciones en vía pública.
“Si ellos no tienen razón, nosotros los reubicamos. Que ellos podrían seguir ahí porque nosotros no vamos a violar la ley. Si ellos tienen una cuestión de ley, lo regularizaríamos ahí”, puntualizó Ramírez Sánchez al detallar los escenarios previstos.
Aclaró que esta medida no representa una marcha atrás ni debilita a sus directores, sino que busca actuar con legalidad y responsabilidad frente a situaciones heredadas de administraciones pasadas, donde se habrían autorizado o tolerado prácticas irregulares.
“Los que están en la banqueta del Quinto Sol son 34 personas. De esas, como 8 son las que no tienen puestos dentro del Quinto Sol”, detalló el presidente sobre el número de comerciantes involucrados y la necesidad de evaluar caso por caso.
Subrayó que la revisión no implica permitir violaciones al reglamento, sino garantizar que cualquier acción del gobierno esté sustentada en documentación y legalidad, evitando actos de arbitrariedad, pero también omisiones que afecten el orden público.
“Ellos nos dicen que ellos ya compraron esos pedazos. La calle, la banqueta. Pues nos dicen que desde hace dos o tres trienios les empezaron a vender y que ellos tienen los papeles”, concluyó Ramírez Sánchez sobre la versión sostenida por los comerciantes.
Finalmente, el alcalde reiteró que en dos semanas se definirán las acciones a seguir dependiendo de los resultados de la revisión jurídica, reiterando su compromiso con el orden urbano, la legalidad y el diálogo respetuoso como vía para resolver conflictos sociales.
