Celaya, Guanajuato a jueves 23 de abril del 2026, (Alan Ordaz) – La entrada en vigor del decreto estatal que reconoce el derecho a la protección y bienestar animal marca un nuevo escenario normativo en Celaya, donde el gobierno municipal impulsó propuestas que hoy se reflejan en sanciones, facultades ampliadas y mecanismos de atención.
El nuevo marco legal incorpora aportaciones municipales centradas en el endurecimiento de sanciones y la diversificación de medidas para castigar el maltrato animal, incluyendo esquemas alternativos de cumplimiento para quienes no puedan solventar multas económicas establecidas.
“Que hubiera también personas que vinieran, que se decían, ya me multaste, no tengo para pagar la multa y no amerito cárcel, pues ve y haz horas de servicio comunitario al municipio para pagar el daño”, expresó Francisco Álvarez, Síndico y Presidente de la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal del Ayuntamiento de Celaya.
Las reformas también fortalecen la actuación institucional al dotar de nuevas atribuciones al Centro de Control y Asistencia Animal, así como a los juzgados cívicos, permitiendo una coordinación operativa en la aplicación de sanciones y seguimiento de casos.
“Nosotros ya le facultamos también al centro de protección animal para que ellos también puedan hacer sus audiencias dentro del centro”.
Dentro de los cambios relevantes se encuentra la alineación de sanciones municipales con las disposiciones estatales, así como la incorporación de conductas específicas que anteriormente no estaban tipificadas de manera clara en la normativa local.
“También pedimos que fueran más severas. Y el tema de la bestialidad. Y el tema de la zofilia también. Ahorita también ya fue integrado”.
El proceso normativo continúa en fase de ajustes locales, con la revisión de observaciones al reglamento municipal de protección animal, en espera de su publicación definitiva para consolidar la operatividad de las nuevas disposiciones en el ámbito municipal.
“El día de ayer recibimos por parte del periódico algunas observaciones que ahorita las vamos a estar trabajando esta semana”.
Entre los ejes del nuevo reglamento destaca la implementación del CURAC, un sistema digital orientado al registro y control, que operará sin costo para la ciudadanía y con procesos automatizados que buscan facilitar su adopción.
“Como es digital, la gente misma se va a poder meter a registrarse”.
El fortalecimiento institucional también contempla la ampliación de infraestructura, incluyendo la proyección de un nuevo espacio para el centro, ante la insuficiencia del actual para atender la demanda creciente de servicios.
“El centro que tenemos ahorita ya no nos da la capacidad”.
Las acciones planteadas incluyen además la gestión de equipamiento especializado, como un incinerador de menor escala, que permita brindar servicios adicionales a la población bajo condiciones normativas adecuadas.
“Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es uno más chico”.
El rediseño operativo busca también garantizar condiciones adecuadas para la atención de denuncias, integrando espacios físicos para audiencias dentro del propio centro, lo que permitirá agilizar los procedimientos administrativos.
“El centro no tenía un espacio de audiencia. Por esa razón facultamos también al juzgado para que se pudiera apoyar con ellos”.
Uno de los puntos críticos identificados es la limitada capacidad operativa del personal, particularmente en tareas de verificación e investigación, lo que ha dificultado la atención oportuna de denuncias relacionadas con maltrato animal.
“Hay que recordar que tenemos un solo verificador de todo el centro”.
La problemática se agrava ante la necesidad de atender fenómenos cotidianos como la presencia de perros ferales y ataques, lo que ha motivado la urgencia de reforzar recursos humanos y presupuestales para el área.
“Sí, sí, sí. La verdad es que sí urge también dar un poquito más”.
En este contexto, se impulsa la asignación de mayores recursos y la reconfiguración del centro para garantizar la aplicación efectiva de sanciones, inspecciones y, en su caso, el resguardo de animales en situación de riesgo.
“Ese es lo que estamos impulsando con el regidor Andrés”.
Las nuevas disposiciones contemplan también la posibilidad de retirar mascotas en casos comprobados de tenencia irresponsable o maltrato, lo que implica la necesidad de contar con espacios adecuados para su resguardo.
“Necesitaríamos tenerlo, justamente”.
La implementación de estas medidas dependerá de la consolidación del reglamento municipal y de la asignación efectiva de recursos, en un entorno donde la legislación estatal ya establece bases más estrictas para la protección animal.
El avance normativo refleja un proceso de adecuación institucional que busca responder a problemáticas locales, con un enfoque en la prevención, sanción y atención integral, en línea con el reconocimiento constitucional del bienestar animal en Guanajuato.
