Chihuahua, 29 de Octubre de 2026.- Decenas de familias que fueron víctimas de desplazamiento forzado por el crimen organizado, procedentes de los municipios de Moris y de Uruachi, se instalaron en un plantón por tiempo indefinido en el fraccionamiento Pensiones Civiles, Ciudad Cuauhtémoc, para exigir al gobierno de Chihuahua que les garantice el derecho a la vivienda.
En una carta pública dirigida a la gobernadora panista, María Eugenia Campos Galván, solicitaron atención de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), para que se les asignen las casas abandonadas en el citado fraccionamiento.
Denunciaron que tomaron posesión de las casas desocupadas en el mes de febrero pasado, estas permanecían abandonadas desde el año 2011 y la administración estatal reaccionó vendiendo el fraccionamiento a una inmobiliaria, “actuamos de buena fe, con la intención de pagarle al gobierno, sin embargo, tuvimos que salirnos porque fuimos amenazados y amedrentados por policías”.
“Desde entonces hemos acudido a todas las autoridades municipales, estatales y federales para demandar que cubran nuestro derecho a la vivienda. Hacen como que nos escuchan, pero no nos resuelven el problema. Una y otra vez le dijimos a la Coesvi que nos entregaran las casas del fraccionamiento de Pensiones, en venta, no regaladas, pero nunca nos respondieron”.
Víctor Quintana Silveyra, director de la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos, informó que las familias desplazadas se quedarán en el fraccionamiento hasta que las autoridades les den una solución.
Explicó que el fraccionamiento Pensiones Civiles fue vendido a la empresa inmobiliaria AHG, la cual pagó 4.5 millones de pesos de enganche para luego pagar en un año el total de los 45 millones 623 mil pesos, dividida esa cantidad entre las 165 viviendas, el costo es de 276 mil 503.57 pesos por cada una, mientras el precio al que la inmobiliaria las venderá oscila entre 800 mil y un millón de pesos.
Además, la empresa, con la complacencia y omisión de las autoridades no cumplió con las obligaciones contraídas en las bases de la subasta, por ejemplo, “tiene prohibido ejecutar actos de posesión material, obras, modificaciones o acciones legales sobre el inmueble hasta la firma de la escritura pública, pero realizó obras como instalar una cerca y hacer propaganda sobre la venta de las casas”.
