Ciudad de México a 7 de Septiembre de 2026. La Fiscalía General de la República localizó una bodega que supuestamente arrendaba el ex vicealmirante, Roberto Farías Laguna, en la capital del país, donde se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial, así como armas sin el debido registro.
En un videomensaje, la fiscal, Ernestina Godoy Ramos, señaló que de acuerdo con las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, detrás de la operación ilegal del buque localizado en 2025 con 10 millones de litros de diésel en Puerto Altamira, Tamaulipas, no había un contrabandista en solitario, sino había una compleja red criminal en la que Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, destacaban para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal.
De acuerdo con datos de prueba convincentes, mismos que están siendo ya valorados por el Poder Judicial, Manuel Roberto N. y Fernando N. conocidos como Los Primos, junto con sus cómplices, intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina.
“Roberto N. en particular gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”. Como resultado del cateo de una bodega que Roberto N. arrendaba en la capital del país, se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial y armas sin el debido registro. Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto N. y Fernando N. junto con sus cómplices presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal”.
Apuntó que los buques zarpaban principalmente desde Texas, cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal. “Servidores públicos y agentes aduanales coludidos recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar. Las inspecciones, cuando llegaban a realizarse, eran una simulación”.
Detalló que la red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión. También se establecían calendarios de arribo en la cadena de complicidades a efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de las descargas.
Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero, dijo, una red de empresas fachada y triangulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta.
“Las investigaciones nos llevaron a identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y en la Ciudad de México. Como parte de las indagatorias seguimos el rastro de accionistas apoderados legales y enlaces de participación en las distintas etapas de esta cadena ilegal en la que existe evidencia de participación de Manuel Roberto N. y Fernando N. El contrabando de hidrocarburos es un acto ilegal como también es un delito que debilita las empresas del Estado y desvía recursos públicos que deben ser utilizados para impulsar el bienestar del pueblo”.
Subrayó que una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionan la responsabilidad y la confianza depositada en ellos. Muestra de ello, añadió, es que el actual secretario, el almirante, Raymundo Morales Ángeles, ha estado muy atento al seguimiento de las investigaciones.
“La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen tiene que responder ante la justicia. La fiscalía que encabezo seguirá investigando e informando al pueblo de México. Recuerden, donde hay impunidad habrá investigación, donde haya crimen habrá consecuencias” expuso Godoy Ramos.
Recordó que la red criminal que en 2024 fue denunciada por el almirante, Rafael Ojeda a su antecesor, Alejandro Gertz Manero a quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval.
“Ese fue el origen que nos permitió conducir investigaciones y dar bajo el nuevo modelo de investigación de esta fiscalía uno de los golpes más importantes contra el contrabando de hidrocarburos, esto es, el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira-Tamaulipas”.
