GUANAJUATO, GTO., 03 DE JULIO DE 2026.- La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia histórica que hace justicia a 107 víctimas, quienes vieron vulnerado el patrimonio de toda su vida a causa de un fraude masivo en el municipio de León.
Cada una de las denuncias presentadas activó de inmediato el compromiso de esta institución, colocando en todo momento a las víctimas al centro de la estrategia de investigación.
El motor que impulsó cada diligencia fue la firme convicción de reparar el daño moral y económico de los afectados, quienes confiaron en una oferta engañosa de supuestos remates bancarios promovidos por el despacho jurídico “Punto Legal”, a cargo de Édgar Francisco “N”.
El exhaustivo trabajo ministerial demostró ante los tribunales que el hoy sentenciado utilizó diversos artificios para engañar de forma consecutiva a las 107 personas, ofertando inmuebles sobre los cuales no tenía ninguna facultad legal de venta ni se encontraban en litigio alguno.
La prioridad de la Fiscalía no solo fue comprobar la responsabilidad del imputado, sino visibilizar y defender el detrimento patrimonial que sufrió cada una de las familias. Con un sólido cúmulo de pruebas científicas y testimoniales, se demostró el impacto real que este engaño causó en la vida y estabilidad de los ciudadanos.
La respuesta del impartidor de justicia, ante la solicitud del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Región A, se consolidó los días 26 y 30 de junio de 2026, cuando los tribunales dictaron dos sentencias condenatorias en contra de Édgar Francisco “N”.
La primera sentencia fue de 438 años y cuatro meses de prisión, mientras que la segunda fue de 580 años, acumulando una penalidad histórica de 1,018 años y cuatro meses de prisión por el delito de fraude.
Aunque la legislación penal del estado establece un límite máximo de compurgación de 80 años de cárcel, el verdadero alcance de esta resolución radica en la protección integral de los derechos de las víctimas, al imponerse al sentenciado la obligación irrestricta de devolver cada peso obtenido ilícitamente.
El fallo judicial ordena la reparación del daño material por 29 millones 923 mil 100 pesos, además del pago de 3 millones 326 mil 490 pesos por concepto de daño moral y 148 mil 500 pesos por los perjuicios ocasionados. La Fiscalía aseguró que continuará vigilando el estricto cumplimiento de esta resolución.
Con este resultado, la institución afirmó que cumple su principal objetivo: devolver la tranquilidad a las víctimas, garantizar que su voz sea escuchada y sentar un precedente contra quienes atentan contra la economía de las familias guanajuatenses.
