Celaya, Gto a martes 22 de abril del 2025. (Alan Ordaz).- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó que persiste una situación tensa y sin resolver en la comunidad de Rincón de Tamayo, derivada de la administración del servicio de agua potable, el funcionamiento de un comité no legalmente reconocido y recientes hechos de violencia.
Anunció que ya trabaja con su equipo para plantear soluciones legales y técnicas.
Entre las acciones que contempla el gobierno municipal se encuentra la elaboración de un nuevo reglamento para los comités de agua rural, que podría significar el retiro de funciones a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA) en ciertas comunidades, aunque aclaró que actualmente existe un mandato de Cabildo que establece su responsabilidad.
“Un equipo ahora sí que se designó ayer, me va a hacer una propuesta, nos va a hacer una propuesta de reglamentos, de reglamentos para los comités de agua en las comunidades y en ese momento pues prescindiríamos de Jumapa”, dijo Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El presidente expuso que, a pesar de que JUMAPA tiene la responsabilidad formal del servicio, enfrenta limitaciones en su intervención por el rechazo de la comunidad y la existencia de un comité paralelo que continúa operando y realizando cobros, aunque sin condiciones para dotar del servicio.
“Hay un comité que está cobrando que no lo quiere. Entonces, sí, sí, entonces lo que nosotros ya determinamos fue que primero y luego después, como no ha habido mantenimiento, no dejan que Jumapa intervenga, pero tampoco los que están cobrando intervienen”, señaló el alcalde.
Afirmó que actualmente el pozo anterior quedó fuera de operación y se gestiona un convenio con particulares para recibir agua de manera temporal, mientras se habilita uno nuevo.
Para ello, se requiere un proceso jurídico y administrativo ante Cabildo que permita la concesión temporal de los terrenos donde se ubicaría el nuevo pozo.
“El lunes estuvimos negociando con unas personas que tienen un pozo para que puedan, con un convenio, darnos agua en lo que hacemos otro pozo, pero para hacer otro pozo… tenemos que hacer toda una serie de cosas en el Cabildo”, comentó.
La situación ha derivado en que la comunidad no pague actualmente por el servicio, ya que no recibe agua, por lo cual el comité paralelo ha dejado de operar funcionalmente.
El presidente insistió en que la elaboración de un nuevo reglamento permitirá intervenir jurídicamente en casos como este.
“La gente ahorita no está pagando agua porque no tienen agua, entonces el comité automáticamente ya no tiene función”, declaró.
Admitió que para garantizar el cobro justo del agua, los comités deben realizar estudios socioeconómicos, y los recursos recaudados deben permitir el mantenimiento del sistema.
El presidente señaló que, actualmente, al no haber revocación del dictamen del Cabildo, cualquier intervención no oficial representa un problema legal.
“Primero nosotros no lo cobramos, la cobre el comité, pero el comité tiene que hacer un estudio socioeconómico-cultural para que se cobren, pero los recursos que cobran deben ser suficientes para que la gente pueda mantener el pozo”, apuntó Ramírez Sánchez.
Respecto a los hechos violentos, confirmó que el delegado solicitó apoyo tras ser agredido y que fue respaldado de inmediato por la Guardia Nacional.
La denuncia fue interpuesta formalmente por el delegado, aunque el municipio aún no ha otorgado asesoría legal.
“Solicitó seguridad, inmediatamente se le envió, ahí tenemos nosotros un grupo de Guardia Nacional, inmediatamente se le fue a apoyar y ellos determinaron demandar a los que los agredieron”, señaló.
Ramírez Sánchez señaló que hay una fuerte división en la comunidad por el manejo del agua, y que uno de los principales argumentos contra JUMAPA es el temor de que el recurso sea desviado a otros proyectos urbanos, lo cual genera resistencia a su intervención.
“Mucha gente no quiere Jumapa, mucha gente, entonces ahí ya se hizo, no oficialmente, pero ya se hizo encuestas, ya vimos opiniones, la mayoría no quiere a Jumapa, porque tienen miedo que el agua al rato se vaya al cuarto logístico”, explicó.
Finalmente, subrayó la complejidad de actuar bajo condiciones de legalidad cuando la propia comunidad rechaza las disposiciones oficiales. Reiteró que mientras no haya agua, no hay pago, y sin pago, los comités no pueden operar, por lo que urge resolver jurídicamente el fondo del problema.
“Nosotros no podemos decirle a la gente que hace y que no hace”, concluyó.
