Piden a Contraloría investigar a 3 personas ‘con funciones, pero sin cargo’ en el gobierno

Celaya, Gto a martes 12 de noviembre del 2024. (Alan Ordaz).- El regidor Carlos Alberto Ruiz León solicitó a la Contraloría Municipal investigar la legalidad de los nombramientos de tres funcionarios que desempeñan roles clave en la administración, sin sustento en el reglamento ni en el organigrama oficial. 

“Le estoy solicitando a la Contralora que realice una investigación respecto de tres personas”, expresó.

Los funcionarios cuestionados son Blanquestela Sosa, quien actúa como subsecretaria de Seguridad Ciudadana; Raúl Castañeda Castillo, que ejerce como subdirector en Fiscalización; y Salomón Ocampo Mendoza, subdirector en Protección Civil y Bomberos.

Según Ruiz León, “en el Reglamento de Administración del municipio no existen tales figuras”.

El regidor explicó que, al haber trabajado en la Comisión de Gobiernos y Reglamentos, así como en la Comisión de Recursos Humanos, conoce que estos perfiles no se encuentran formalizados en la estructura municipal.

“Dentro del organigrama del municipio no existen estas figuras. En el tabulador tampoco existen estos puestos para estas personas”, afirmó.

Para Ruiz León, la situación es delicada y podría tener implicaciones legales, especialmente porque estos funcionarios “están cumpliendo funciones sin nombramiento”, lo cual, indicó, pone en riesgo el respeto al marco normativo del ayuntamiento.

También destacó que “el ayuntamiento es la autoridad máxima en el municipio y la forma de trabajar… es por comisiones”.

Además, el regidor cuestionó la falta de documentación que respalde los nombramientos de estos perfiles y solicitó a la Contraloría revisar “las altas en la oficialía mayor, en qué calidad están y el sueldo que se está devengando”.

Esto busca asegurar que las asignaciones sean legales y estén justificadas.

Ruiz León subrayó el riesgo de permitir que estos funcionarios, quienes no están formalmente reconocidos, puedan dar órdenes o manejar información confidencial. 

“Es delicado el tema, porque imagínate que una persona esté dando órdenes… y no hay una justificación, un sustento legal”, dijo.

El regidor concluyó que esperará los resultados de la investigación, que podrían llevar a la separación de los funcionarios o a una regularización formal de sus funciones.