La agresión ocurrió cuando el comerciante se encontraba junto a su carrito de tacos, afuera de su negocio. De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon entre tres y cuatro detonaciones, lo que generó temor entre las personas que se encontraban en los alrededores.

Tras recibirse una llamada al sistema de emergencias 911 por una persona lesionada, elementos policiacos y cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar. A su llegada, encontraron al vendedor junto a la entrada de su establecimiento, pero ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, trascendió que presentaba impactos de bala en la espalda.

La zona fue acordonada para permitir las labores de los agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios para esclarecer lo ocurrido.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Los efectivos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia sobre la carretera Salvatierra-Celaya, a la altura de la comunidad de Ojo Seco, cuando observaron a varias personas que realizaban el traspaleo de mercancía de un camión de carga, por lo que, ante la posible comisión de un delito, los agentes se aproximaron para verificar la situación.

Durante la intervención, sujetos que viajaban a bordo de una camioneta realizaron disparos de arma de fuego contra los elementos de seguridad, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación establecidos, donde uno de los agresores perdió la vida.

En el lugar se aseguraron tres equipos de telefonía celular, el camión de carga y un inhibidor de señal, los cuales fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se dará seguimiento a las investigaciones.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas de vigilancia, inteligencia e investigación para prevenir el robo al autotransporte de carga, identificar a los responsables y desarticular las estructuras delictivas que operan en las carreteras del país.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 horas sobre la calle Eufemio, donde el estruendo alertó a los vecinos, quienes solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes realizaron las maniobras para sofocar las llamas. El director de Protección Civil, Salomón Ocampo Mendoza, informó que el cilindro de 20 kilogramos se encontraba en un cuarto del tercer nivel del inmueble, donde también había cartón, láminas, llantas y otros materiales que fueron alcanzados por el fuego.

“Esto generó que se prendiera el material que tenían ahí, por eso estaba la densidad de humo bastante fuerte”, explicó el funcionario al describir las condiciones que hicieron más aparatoso el siniestro.
Tras controlar la emergencia, los cuerpos de auxilio inspeccionaron la vivienda afectada y los inmuebles cercanos. La revisión permitió detectar daños en la estructura de la techumbre de una casa aledaña, aunque no se encontraron otras afectaciones estructurales que representaran un peligro para los habitantes.

“De ahí en más no hay daño estructural ni algún otro riesgo ahorita para la población”, aseguró Ocampo Mendoza.

Personal del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SAMU) brindó atención a seis personas que presentaron crisis nerviosa, luego de la explosión y la evacuación de viviendas cercanas.

Una vez extinguido el fuego y enfriada la zona, las autoridades descartaron riesgos inmediatos y dieron paso a las labores posteriores de limpieza, luego de una emergencia que generó alarma entre los vecinos del sector.

De manera extraoficial, trascendió que el operativo habría derivado de un presunto intento de robo; además, se mencionó la posible detención de otras personas, información que hasta el momento no ha sido confirmada oficialmente.

Los hechos se registraron poco antes del mediodía de este martes, cuando presuntamente elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige el secretario de seguridad Omar García Harfuch detectaron una situación relacionada con un posible asalto, lo que habría desencadenado la persecución de sujetos armados.

Durante el seguimiento se habría producido un intercambio de disparos que dejó a uno de los civiles sin vida. Hasta ahora, no se cuenta con información oficial que permita establecer cómo se desarrolló el enfrentamiento, ni confirmar si hubo más personas detenidas o lesionadas.

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de distintas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno se movilizaron a la zona para atender la situación y resguardar el lugar, donde también se esperaba la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

Las circunstancias que originaron la persecución, así como la posible relación de los involucrados con un intento de robo, deberán ser esclarecidas por las autoridades. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer información oficial sobre el operativo y el saldo definitivo.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley,

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, reiteró el llamado tras el robo de 150 mil pesos a un joven dentro de Plaza Veleros.

El atraco ocurrió el viernes 23 de octubre, cuando sujetos armados despojaron a la víctima del efectivo en un establecimiento de Kentucky Fried Chicken (KFC).

El afectado acababa de retirar el dinero de una sucursal de BanBajío, mientras que el asalto provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal en la zona.

Muñoz Huitrón explicó que la corporación dispone de un programa preventivo para proteger a quienes necesitan trasladar sumas considerables, aunque pocas personas solicitan actualmente el servicio.

“Si van a hacer un retiro o un depósito con una cantidad importante, hagan el favor de llamarnos. Nosotros tenemos el programa de protección en ese tipo de casos”, expresó el secretario.

El funcionario reconoció que únicamente una o dos personas se han acercado para pedir este respaldo, por lo que pidió a la ciudadanía fortalecer la confianza en la Policía Municipal.

“Nosotros quisiéramos que nos dieran más trabajo y que nos tuvieran más confianza. Han sido una o dos personas por ahí que me han dicho de esta parte y, por supuesto, que los apoyamos”, comentó.

El titular de Seguridad Ciudadana aseguró que el acompañamiento no genera ningún cobro e invitó a los usuarios bancarios a comunicarse con la corporación antes de realizar movimientos importantes de efectivo.

Sobre la posible filtración de información bancaria hacia delincuentes, debido a que algunos robos ocurren después de los retiros, señaló que no existen elementos suficientes para confirmar o descartar esa posibilidad.

Muñoz Huitrón agregó que las instituciones financieras también aplican medidas preventivas, como la colocación de mamparas para proteger la privacidad de sus clientes durante depósitos y retiros.

Finalmente, sostuvo que la prevención requiere la participación de usuarios, bancos y autoridades, y reiteró la disponibilidad de la Policía Municipal para acompañar a quienes deban trasladar cantidades importantes de dinero.

El incidente fue reportado cerca de las 9:00 de la mañana de este lunes, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia ante la presencia de una persona lesionada dentro de la planta dedicada al procesamiento y congelación de vegetales.

De acuerdo con los primeros datos, el trabajador, quien presuntamente formaba parte de una empresa externa encargada de realizar trabajos de mantenimiento, se encontraba desplazando un andamio cuando habría pasado por debajo de líneas eléctricas de media tensión, situación que provocó la descarga.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención; sin embargo, tras revisarlo determinaron que ya no presentaba signos vitales.

Luego de confirmarse la muerte, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, instancia que deberá realizar las investigaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad del trabajador ni se han precisado otros detalles relacionados con el reporte inicial de la presunta explosión.

Será a través de las diligencias ministeriales como se determinen las condiciones en las que ocurrió el incidente y las posibles responsabilidades derivadas de este hecho.

La modificación contempla regular el uso de vehículos eléctricos en la vía pública, establecer medidas de protección para sus conductores y definir los espacios donde podrán desplazarse.

También busca incorporar disposiciones de la Ley de Movilidad relacionadas con el uso de chalecos reflejantes por motociclistas, cuya aplicación se proyecta para 2027.

El área jurídica municipal trabaja en las adecuaciones, luego de intercambios de opiniones con autoridades estatales, directores de tránsito, diputados y responsables del transporte.

La intención es sustituir el reglamento vigente por uno nuevo que concentre las disposiciones relacionadas con estos vehículos y otras obligaciones viales.

“Creo yo que vamos a derogar el reglamento actual y ya en el nuevo va a venir este todo lo que respecta al uso de los scooter en vía pública”, señaló Martín Filiberto García Medina, director de Tránsito y Policía Vial de Celaya.

Uno de los principales cambios será determinar por dónde podrán circular los scooters eléctricos, mediante una regulación que considere su convivencia con bicicletas y vehículos automotores.

Las autoridades municipales analizan permitir su tránsito en algunas ciclovías o habilitar otro carril para su desplazamiento.

“Estamos viendo si podemos hacerlo compatible con las ciclovías, en algunas, no en todas. Pero si no podemos confinar otro carril para ellos”, indicó García Medina.

La propuesta también contempla establecer medidas de seguridad y mecanismos de registro para identificar a quienes conduzcan estos vehículos.

La regulación incluiría el uso obligatorio de casco y otros elementos de protección, como guantes, rodilleras y coderas.

Estas medidas buscan que los conductores cuenten con equipo para protegerse ante caídas, resbalones o accidentes relacionados con las condiciones de la superficie de rodamiento.

“Sanciones, por supuesto, desde si nosotros estamos pidiendo que deben de llevar cuando menos un casco igual que las motocicletas, pero ahí nosotros estábamos poniendo desde guantes porque es diferente y a lo mejor rodilleras, ¿no? Coderas”, expresó el director de Tránsito.

Respecto a la circulación, el bulevar Adolfo López Mateos quedaría excluido de las vialidades permitidas para scooters, debido a los riesgos que representan sus dimensiones y la convivencia con el transporte público.

La restricción también alcanzaría determinados tramos donde no existen ciclovías.

“En el los ejes donde hay ciclovía, ahí pueden convivir sin ningún problema con las bicicletas, pero en el López Mateos no en una parte no tenemos ciclovía y sería muy peligroso para ellos”, puntualizó García Medina.

Las banquetas, los andadores, las calzadas y los puentes también estarían sujetos a restricciones.

Para quienes circulen por espacios prohibidos, la propuesta contempla el retiro inmediato del vehículo y la aplicación de sanciones, mientras que en puentes deprimidos y elevados no se permitiría el uso de scooters eléctricos.

“Yo creo que el retiro inmediato del vehículo. Y en los puentes, cero. Si no toleramos motos, puentes tanto deprimidos como elevados, cero uso de este tipo de vehículos”, señaló el funcionario al referirse a las medidas que se incorporarían al reglamento.

En cuanto a las sanciones económicas y el procedimiento para hacerlas efectivas, el municipio analiza si los usuarios necesitarán licencia para conducir estos vehículos y qué mecanismo se utilizará para garantizar el cumplimiento de las multas.

Entre las posibilidades está retener el propio scooter hasta que se realice el procedimiento correspondiente.

“Yo creo que estamos viendo si se les va a pedir licencia o el propio la garantía sería el el propio vehículo para que pudiera hacerse la devolución de él para su multa”, explicó García Medina. La definición de estos requisitos dependerá de las adecuaciones que continúan en revisión.

Otra disposición relevante será la obligación de utilizar chaleco reflejante para los motociclistas, medida que el municipio busca incorporar a su reglamento con base en la Ley de Movilidad.

El objetivo es establecer condiciones que permitan una mayor identificación de los conductores durante sus desplazamientos.

“Estamos lo estamos viendo como parte fundamental. ¿Por qué? Porque sería muy eficiente. En ocasiones, sin que ellos se den cuenta, se les funde eh la luz trasera y ya sería un motivo cuando menos del reflejante que pudieran localizarlos”, declaró el director de Tránsito.

El uso del chaleco también estaría sujeto a sanciones por incumplimiento. García Medina indicó que la omisión de esta disposición sería motivo de infracción y que, una vez publicado el reglamento, se realizarían acciones informativas para comunicar las nuevas obligaciones antes de su aplicación.

“Considera sanciones por el no uso, la omisión de la norma”, sostuvo el funcionario. La previsión municipal es que durante 2027 los motociclistas deban cumplir con esta medida, además de las disposiciones de seguridad que queden establecidas en el reglamento actualizado.

En paralelo, la reforma busca ampliar la participación de Tránsito y Policía Vial en la vigilancia del transporte público, mediante la incorporación de infracciones que hasta ahora corresponden exclusivamente a la Dirección de Movilidad.

La propuesta incluye coordinación entre ambas dependencias y la colaboración de sus respectivos equipos operativos.

Entre las conductas que se pretende sancionar están circular por carriles centrales o izquierdos cuando no corresponda, utilizar carriles destinados al servicio público, realizar paradas en lugares prohibidos y exceder los límites de velocidad.

La coordinación también contempla capacitaciones permanentes en conducción defensiva y uso adecuado de las unidades.

“Estamos poniendo este algunas infracciones que eran única y exclusivamente de de movilidad. Estamos solicitando con ellos la colaboración para poder infraccionar también nosotros como policía”, indicó García Medina. 

La actualización continúa en revisión jurídica, con la expectativa de presentar el nuevo reglamento a finales de octubre.

De acuerdo con la información en redes sociales, una fuerte ola sorprendió a la familia y la arrastró hacia el mar. Aunque su esposo consiguió ponerse a salvo, la mujer no logró salir, por lo que se inició un operativo para tratar de localizarla.

Tras conocerse lo ocurrido, elementos de Protección Civil de Aquila y habitantes de la comunidad indígena de El Coire participaron en las labores de búsqueda, mediante recorridos por la costa y zonas de acantilados.

Ante la falta de resultados, también se sumaron buzos y rescatistas voluntarios provenientes de Guanajuato, quienes se trasladaron hasta la costa michoacana para apoyar en las labores de localización.

Sin embargo, después de más de 80 horas de búsqueda sin resultados positivos, el operativo tuvo que ser suspendido temporalmente debido a las condiciones climáticas adversas asociadas al huracán Vance, ya que continuar con las maniobras representaba un riesgo para los rescatistas.

Hasta el momento, María del Socorro continúa sin ser localizada. Mientras tanto, familiares y personas cercanas en Apaseo el Grande han solicitado apoyo y solidaridad para afrontar los gastos derivados de las labores de búsqueda en Michoacán.

La suspensión de los trabajos responde a las condiciones meteorológicas y no significa que se haya confirmado el fallecimiento de la guanajuatense.

El hallazgo ocurrió poco después de la 1:00 de la madrugada de este sábado, cerca de un templo de la zona, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego al sistema de emergencias 911.

Tras recibir el aviso, elementos policiales se desplazaron al lugar junto con paramédicos, quienes revisaron al hombre y confirmaron que ya había fallecido a consecuencia de las heridas que presentaba.

La víctima quedó tendida boca abajo ensangrentada en la vía pública, mientras que el área fue delimitada para permitir las labores de los agentes de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía, encargados de recabar indicios e integrar información a la carpeta de investigación.

Sobre la forma en que ocurrió la agresión no se cuenta con detalles precisos. Entre las versiones que trascendieron, se mencionó que habitantes del sector escucharon las detonaciones y después el ruido de una motocicleta que se alejaba a toda velocidad, aunque esta información deberá ser esclarecida mediante las investigaciones.

Al concluir las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia correspondiente y se realizarán los procedimientos necesarios para establecer su identidad.

La Fiscalía continuará con las indagatorias para determinar cómo ocurrió el homicidio y dar con los responsables.

La medida busca respaldar el autoempleo mediante un proyecto social de la administración municipal, con mecanismos de identificación y lineamientos para regular la prestación de servicios en estacionamientos. Entre las restricciones se encuentran exigir cantidades específicas de dinero a los usuarios y apartar lugares.

Las credenciales incluyen la fotografía de cada trabajador, el área asignada y el horario en el que puede desempeñar sus actividades. También incorporan un decálogo de instrucciones que establece las conductas permitidas y aquellas que deben evitar durante la atención a los automovilistas.

Uno de los principales lineamientos consiste en mantener voluntarias las aportaciones económicas de los ciudadanos, sin imponer tarifas por cuidar sus vehículos. La prohibición de exigir cantidades determinadas busca establecer condiciones para la interacción entre los franeleros y quienes utilizan los espacios de estacionamiento.

“Las cuotas son voluntarias”, establece Eduardo Griss Kauffman, director de Fiscalización de Celaya, como parte de las disposiciones que deben observar quienes cuentan con una credencial para desempeñar esta actividad en la vía pública.

El decálogo también prohíbe los conflictos entre trabajadores y las prácticas relacionadas con la reserva de espacios de estacionamiento. Estas restricciones forman parte de las reglas que deben cumplir los franeleros para desarrollar sus actividades y relacionarse con los usuarios.

“No pueden exigir un cobro por cierta cantidad específica. Las cuotas son voluntarias. No pueden pelear ni apartar lugares”, precisó Griss Kauffman al detallar algunas de las conductas que deben evitar quienes participan en el programa de credencialización.

Para obtener la identificación, los interesados deben entregar documentación que es revisada por las autoridades correspondientes. La Policía Municipal verifica sus antecedentes y determina si procede otorgar el visto bueno necesario para que Fiscalización continúe con el proceso de credencialización.

El procedimiento contempla una revisión de antecedentes penales graves, mientras que las personas con antecedentes por delitos menores que ya cumplieron una sentencia pueden tener la oportunidad de incorporarse a esta actividad. La evaluación correspondiente queda a cargo de la corporación municipal.

“Empezamos hace varios meses que inició el programa, credencializamos una vez que Policía Municipal nos da el visto bueno y que no tienen antecedentes penales graves”, explicó el director de Fiscalización sobre los requisitos para formar parte del padrón de trabajadores.

La información relacionada con los antecedentes y la documentación personal se mantiene bajo resguardo de la Policía Municipal, por lo que Fiscalización no conoce los detalles de cada expediente. La corporación emite la autorización correspondiente y conserva la información conforme a sus criterios de confidencialidad.

“Es información confidencial, la maneja por secrecía Policía Municipal y nosotros no tenemos conocimiento”, señaló Eduardo Griss Kauffman al explicar el alcance de la revisión y la separación de responsabilidades entre las dependencias que intervienen en el procedimiento.

Las solicitudes pueden presentarse mediante Fiscalización o directamente ante la Policía Municipal, con la documentación requerida para su revisión. Este mecanismo permite canalizar los expedientes para determinar quiénes cumplen con las condiciones establecidas antes de recibir la credencial que los identifica como prestadores del servicio.

Hasta el momento, el padrón cuenta con 107 personas credencializadas, aunque existen más franeleros en el municipio. La administración no ha ampliado el registro y mantiene pendiente su crecimiento, debido a otras actividades que requieren atención antes de retomar la incorporación de nuevos trabajadores.

“De momento no hemos ampliado el padrón. No dicho con mucho respeto, no es una prioridad”, indicó el titular de Fiscalización, quien señaló que el programa se concibió como una iniciativa de autoempleo con respaldo de la administración municipal.

La vigencia de las credenciales corresponde al periodo de la actual administración y se extiende hasta octubre de 2027. Durante ese tiempo, los trabajadores identificados deben apegarse a las instrucciones establecidas, respetar la voluntad de los usuarios respecto a las aportaciones y evitar apartar lugares o generar enfrentamientos.

“Ahora por esta administración a octubre 10/9 de 2027”, respondió Griss Kauffman al precisar la vigencia de las identificaciones. El programa mantiene como alcance el reconocimiento de los trabajadores registrados y la aplicación de reglas para el ejercicio de sus actividades en los estacionamientos de Celaya.