“Marchamos para exigir la agilización del caso del 15 de mayo” de hace un año y “a manera en repudio de esos sucesos, ya que no sólo no se ha hecho justicia, sino que hay trabas constantes por parte del gobierno en los diferentes procesos jurídicos”, explicaron sus voceros.

Subrayaron: “Le han estado dando largas a este caso, a pesar de que nosotros contamos con las pruebas suficientes” para que sean castigados los responsables.

Los más de 200 estudiantes iniciaron la movilización frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), de la cual depende la FRIP, ubicadas en el sur de la ciudad y finalizaron en el parque central.

Al llegar a ese punto le prendieron fuego a la réplica de una patrulla, lo que originó y una columna de humo frente al palacio de gobierno estatal, mientras en el piso colocaron varias mantas, en una de las cuales se leía: “Pakales, farsantes que matan estudiantes y reprimen”.

Voceros de la Normal explicaron que la réplica de la patrulla fue elaborada con papel y rejas de madera, por lo que ardió rápidamente. “Esta protesta fue para demostrar el repudio hacia el mismo gobierno y la FRIP”, afirmaron.

En una carta difundida por la organización de derechos humanos Zeferino Ladrillero, los firmantes sostienen que el PJF tiene hoy la oportunidad de hacer justicia y obtener la libertad de quien purga dos penas condenatorias ante el Poder Judicial del estado de México. 

Exigieron, se aplique los estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica. 

Desde el año 2010, la defensora indígena, ha enfrentado diez casos de criminalización. Ocho causas, federales, ya fueron cerradas; pero aún queda pendiente dos más, en el ámbito local. 

En la actualidad la mujer originaria de Guerrero, enfrenta una condena de 21 años de cárcel por los delitos de robo y ataques a las vías de comunicación. 

Luego de su detención en 2020, pasó cuatro años en un penal de máxima seguridad; así como en diversas cárceles mexiquenses. Actualmente está recluida en el penal estatal Neza-Sur, de esta localidad. 

La ACAT Francia; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana; la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH); la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Front Line Defenders, signaron el documento. 

Las seis organizaciones, sostienen que es obligación del Estado garantizar una protección judicial efectiva, reparar violaciones a derechos fundamentales y evitar que se consolide la criminalización. 

Ello en agravio de la defensora indígena de derechos humanos, injustamente encarcelada por hechos vinculados con el ejercicio de su defensa y de la protesta social. 

A las autoridades del Estado mexicano pidieron reconozcan la labor de defensa de derechos humanos de Kenia Hernández, particularmente su reconocimiento como mujer defensora indígena, como ya han hecho algunas representantes del Poder legislativo. 

Mientras que a las autoridades de mexiquenses, le demandaron de cumplimiento a su obligación reforzada respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos, especialmente, a evitar obstáculos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del derecho a la protesta pacífica, propiciando un entorno libre de cualquier tipo de agresión contra personas defensoras. 

Sostienen que tras el cierre de ocho causas penales del orden federal; hoy se presenta una oportunidad de hacer justicia y liberar a la indígena amuzga. 

Las organizaciones firmantes llamaron al PJF a resolver el litigio, pues la defensa de Kenia Inés, ha planteado juicios de amparo ante estas dos sentencias, que se encuentran en trámite ante los órganos jurisdiccionales frente del Segundo Circuito en materia penal.   

Recordaron que antes de su detención, en 2020, Hernández Montalván, desarrolló su labor en diversos movimientos sociales en Guerrero, como dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero, incluido el acompañamiento a comunidades y personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos. 

Ahora, enfrenta la apertura continua de investigaciones y procesos con el propósito de mantenerla privada de libertad a lo largo de los años.La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, el Relator de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias, han manifestado su preocupación por las sentencias emitidas en contra de Kenia. 

“El caso de Kenia Hernández es considerado emblemático, ya que refleja la instrumentalización del sistema de justicia para limitar su labor de defensa”. 

En el escrito, los activistas internacionales, sostienen que Kenia Hernández en su encierro continúa enfrentando vulneraciones al debido proceso y a sus derechos como mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos. 

“Entre las vulneraciones que enfrenta se encuentra la comunicación con su familia, especialmente sus hijos,  debido a las limitaciones económicas y a la distancia ya que solo puede costear pocos minutos de llamadas telefónicas al día y las visitas de sus hijos solo pueden realizarlas cada dos o tres meses”. 

Al poder judicial del Segundo Circuito en materia penal del PJF, le insistieron; que resuelva los amparos directos promovidos a favor de Kenia Hernández en las dos causas locales. 

Los firmantes son: ACAT Francia, asociación que lucha por la abolición de la tortura, el trato cruel inhumano y la pena de muerte en el mundo; es una ONG ecuménica que, desde la década de los 70, desde Paris, defiende los derechos humanos. 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos en las Américas y litiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; mientras que CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana, fundada en 1993, opera en 187 países; en tanto que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), fundada en 1922 en diez naciones, en 2013 ya la integraban 178 organizaciones de derechos humanos. 

También firmaron la carta, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que es una coalición internacional de lucha contra la tortura yla desaparición forzada y que opera desde 1985 y finalmente Front Line Defenders, fundación internacional con sede en Irlanda, creada en 2001.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria respondió a una pregunta sobre el tema que no contaba con la información sobre la presunta medida preventiva aplicada por la oficina que depende de la Secretaría de Hacienda. Apuntó que la UIF es un área técnica que si encuentra alguna irregularidad, procede.

El exfuncionario estatal tuvo su primera audiencia la tarde del viernes 15 de mayo de 2026 ante una juez de la Corte Federal de Manhattan, Nueva York, en donde acudió con un abogado de oficio y asistido por una intérprete.

Gerardo Mérida se entregó a las autoridades de Estados Unidos el lunes 11 de mayo de 2026 en Arizona, para luego ser trasladado a Nueva York, donde la fiscalía del Distrito Sur lo acusa de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento.

En conjunto, estos cargos suponen una posible cadena perpetua para el extitular de Seguridad Pública de Sinaloa.

El funcionario, ligado a Rubén Rocha Moya, facilitó recursos para cometer hechos delictivos que impulsaron la candidatura del morenista en 2021.

Díaz Vega dejó el cargo en 2024 por motivos personales.

La Justicia de EE.UU. acusó el 29 de abril de 2026 al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros cargos y exfuncionarios mexicanos de delitos de narcotráfico y posesión de armas.

El legislador deberá rendir su declaración ministerial de manera voluntaria y en calidad de testigo el sábado 16 de mayo, informó la Fiscalía en un comunicado.

Godoy Rangel deberá acudir a las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso.

En una transmisión en sus redes sociales, el legislador manifestó que el Gabinete de Seguridad mexicano debería de “tener bajo resguardo, vigilancia y ciertas limitaciones de movilidad” a los funcionarios y exfuncionarios acusados por EE.UU.

¿Cómo es posible que tengan hasta la hora que pasó (Mérida Sánchez al otro lado de la frontera), el lugar por dónde pasó? (…) ¿Cómo es posible que no se le dé la dimensión de la gravedad al tema, porque una cosa es que nosotros estemos correctamente diciendo verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional, y otra cosa es que actuemos con una ligereza en cuanto a la ubicación de las personas señaladas. ¡No puede ser! ¿En qué están pensando?”, manifestó.

El senador por Morena adviritió que estas personas “es evidente que van a decir todo lo que quiera el gobierno de Estados Unidos a cambio de que los dejen en libertad o les pongan condenas muy ligeras”.

Este viernes, Enrique Alfonso Díaz Vega y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretarios de Finanzas y de Seguridad de Sinaloa, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos. Ambos fueron acusados de presuntos nexos con el crimen organizado.

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Con información de López-Dóriga Digital

El sujeto bajó del auto cuando llegaron a un taller mecánico, donde recogió una motocicleta y le pidió al conductor que lo siguiera, ya que presuntamente no podía llevar al bebé consigo, pero minutos más tarde el hombre se perdió en el tráfico.

El conductor pidió ayuda a policías locales, quienes revisaron al menor y se percataron de que Raúl Michelle ‘N‘ tambiém había dejado una mochila con un biberón y dos botellas de alcohol.

Horas más tarde, el hombre acudió a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec para reclamar al menor, pero al no contar con acta de nacimiento, registro ni CURP, y al no presentarse la madre del niño, la procuradora determinó que el pequeño quedara bajo custodia del DIF.

El sujeto fue detenido en el lugar mientras el Ministerio Público inicia la denuncia correspondiente por posible abandono y omisión de cuidados.

Con información de N+.

La fiscalía de Chihuahua informó por medio de un comunicado la noche del miércoles 13 de mayo de 2026 que a Zuany Portillo también se le abrió un procedimiento administrativo por presuntas omisiones.

La Fiscalía de Chihuahua confirmó esta semana que días antes de un operativo antidrogas, realizado entre el 16 y 19 de abril, fueron vistos “cuatro personas extranjeras”, señaladas como presuntos agentes de la CIA, quienes “convivieron” con agentes locales.

En conferencia de prensa, la titular de la Unidad Especializada de la Fiscalía estatal, Wendy Chávez, aseguró que desde el 16 de abril “se corrobora, con base en nueva información, consistente en videos provenientes de puntos de vigilancia”, que al convoy de las autoridades que partió de la ciudad de Chihuahua “se integraron cuatro personas no identificadas, vestidas de civil y sin insignias distintivas de corporación o agencia de seguridad alguna”.

El 19 de abril, dos supuestos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial, cuando regresaban del operativo contra un laboratorio de drogas.

Además, dijo Chávez, “se ha encontrado un patrón de convivencia e interacción en contextos informales entre dichas personas extranjeras, el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y otros integrantes de la FGE”.

También que dichas personas, “no portaban uniforme táctico de la AEI ni insignias oficiales de dicha corporación”.

Explicó que “no se ha recibido respuesta formal de la representación diplomática y consular de los Estados Unidos, así como al Instituto Nacional de Migración, respecto a las personas presuntamente extranjeras”.

De igual forma apuntó que no existe registro de que las autoridades involucradas en el operativo “hubieran solicitado autorización o informado a sus superiores respecto de la presencia e incorporación de personas extranjeras al convoy”.

Con información de EFE

El gobernador Joaquín Díaz Mena, acompañado de la directora general de World Wildlife Fund (WWF) México, María José Villanueva Noriega, encabezó el lanzamiento de esta iniciativa, que es la primera en su tipo a nivel subnacional en el mundo y tiene por objetivo garantizar el financiamiento para cuidar y preservar 11 áreas naturales protegidas en el estado, a través de una inversión superior a los 12 millones de dólares en los próximos cinco años.

Las áreas consideradas en el proyecto son nueve reservas estatales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS): Reserva Estatal de Dzilam, Reserva Estatal El Palmar, Reserva Estatal Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán, Reserva Estatal Biocultural del Puuc, Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes, Parque Estatal Kabah, Parque Estatal Lagunas de Yalahau, Parque Estatal Ich Kool Balamtún y San Juan Bautista Tabi y Anexa Sacnicté; además de la Reserva Ecológica Cuxtal, a cargo del Ayuntamiento de Mérida, y la reserva privada El Zapotal.

“Lo más importante es el impacto humano, el impacto ambiental que esto representa. Más de 114 mil habitantes viven en estas áreas naturales protegidas y más de un millón 300 mil personas se benefician de la conservación del agua y de nuestros ecosistemas”, afirmó el mandatario estatal.

Desde el Salón de la Historia del Palacio de Gobierno, Díaz Mena señaló que su Gobierno tiene claro que el desarrollo no puede darse destruyendo el patrimonio natural de Yucatán; por eso hoy se están protegiendo nuestros ecosistemas, trabajando para restaurar manglares, protegiendo reservas naturales y recuperando zonas que durante años han estado amenazadas.

“Hoy mandamos un mensaje muy claro, que sí podemos construir un modelo de desarrollo que cuida el medio ambiente y garantiza bienestar para las futuras generaciones. Porque conservar nuestra naturaleza no es detener el progreso, conservar nuestra naturaleza es asegurar el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos”, aseveró el gobernador de Yucatán.

Durante el evento, el titular del Ejecutivo estatal reconoció a las comunidades mayas que han sido guardianas de nuestro territorio y son fundamentales para la conservación de Yucatán, al tiempo que agradeció a todas las instituciones, organizaciones y aliados que hacen posible este esfuerzo colectivo.

A su vez, la directora general de World Wildlife Fund (WWF) México, María José Villanueva Noriega, destacó el compromiso con la gente y la naturaleza que el Gobernador demuestra con acciones de este tipo, toda vez que se trata del primer PFP liderado en su totalidad por una autoridad subnacional y en México.

“Este PFP es un ejemplo que va de lo local a lo global. Yucatán hoy está dando un paso decidido hacia la meta 30×30 y está apoyando los compromisos que se adquirieron a nivel federal para lograrlo. Está ayudando a proteger, no solamente en cantidad, sino también en representatividad”, señaló Villanueva Noriega.

Por su parte, la titular de la SDS, Neyra Silva Rosado, señaló que Herencia Maya representa la decisión de convertir la conservación en una política pública de largo plazo y de pasar de esfuerzos temporales a un modelo de permanencia, lo que coloca a Yucatán como referente nacional en conservación de largo plazo y como modelo alineado con los grandes compromisos internacionales de biodiversidad y acción climática.

El director sénior de Agua y Agricultura de The Coca-Cola Foundation, Venkat Iyer, destacó que “la seguridad hídrica es un tema prioritario para Fundación Coca-Cola y para Bepensa, así como una responsabilidad compartida con comunidades, gobiernos y organizaciones a través de iniciativas como Herencia Maya”.

El anuncio refleja el esfuerzo conjunto de múltiples aliados estratégicos en colaboración con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida, Pronatura Península de Yucatán A.C. (PPY) y World Wildlife Fund (WWF), así como organizaciones filantrópicas, sociales y del sector privado comprometidas con la conservación ambiental y el desarrollo sostenible.

Con información de López-Dóriga Digital