El hecho se registró tras la apertura del edificio, cuando el individuo ingresó al patio, delimitó un perímetro con objetos del lugar y comenzó a golpear la cantera, generando daños visibles ante la presencia de ciudadanos, funcionarios y personal municipal.

A pesar de la presencia de cuerpos de seguridad en el acceso y en las inmediaciones, la intervención no fue inmediata, lo que permitió que el acto se prolongara por varios minutos sin una contención oportuna que evitara el deterioro de la infraestructura.

El director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, expuso que “Sí, se encontraba aquí un elemento de policía municipal. Inicialmente pensaban que era trabajo de remodelación, pero ya al momento que se vio que empezaron a romper un poquito más de la fuente, entonces ya que se acercó ya fue detenido.”

La reconstrucción de los hechos planteó que la percepción inicial de los elementos influyó en la falta de reacción inmediata, al asumir que las acciones correspondían a labores autorizadas dentro del inmueble, lo que retrasó la intervención directa.

En ese sentido, el titular policial señaló: “aquí los elementos pensaban que estaban haciendo un trabajo de remodelación. Pero sin embargo eso no es justificable para que permite eso, desde el momento que empezó a romper eso, ahí la fuente yo creo que más bien debió haber actuado para preguntarle cuál fue el motivo.”

La situación evidenció fallas en la actuación de los elementos asignados al resguardo, particularmente en la verificación de actividades dentro del edificio y en la aplicación de criterios preventivos ante conductas inusuales en un espacio público gubernamental.

Sobre la responsabilidad, Cajero Reyes indicó: “Sin embargo, eso no exime la responsabilidad del elemento del policía”, y agregó: “Sí, es falta de actuación. Eso yo se lo aseguro que seguramente hubo una negligencia por parte de los elementos.”

El funcionario adelantó que se revisarán los registros para determinar el nivel de responsabilidad individual y proceder conforme a los lineamientos internos, con base en la evidencia recabada en el sistema de videovigilancia del inmueble.

En ese contexto, puntualizó: “A checar los videos, obviamente, si hay una negligencia, abra sanciones”, además de reiterar: “Voy a revisar primero las cámaras, sí, voy a revisar las cámaras primero para checarlo.”

Respecto al estado del sujeto, el director señaló que no se encontraba en condiciones normales, aunque evitó precisar una causa específica hasta contar con estudios oficiales realizados por la autoridad correspondiente.

En ese sentido, explicó: “Yo no podría determinar si se encuentra bajo el flujo de la droga, pero ya se harán los estudios correspondientes en la Fiscalía”, y añadió: “No se encuentra en sus cinco sentidos, es un hecho por lo que manifestó.”

Durante su aseguramiento, el individuo emitió declaraciones que fueron consideradas fuera de contexto por la autoridad, lo que reforzó la percepción sobre su estado al momento de los hechos.

Al respecto, el director refirió: “refiere de que dice que él quiere, bueno, que lo mandaron, que lo mandó Dios para erradicar la corrupción”, y confirmó: “Sí”, además de precisar: “No, nada más eso fue lo que me dijo.”

El acceso al inmueble y la dinámica de atención a la ciudadanía fueron planteados como factores que limitan medidas restrictivas más severas, al tratarse de un espacio de uso público con flujo constante de personas.

En ese punto, se expuso: “No podemos restringir el acceso aquí al municipio. Entra mucha gente a hacer muchos trámites”, junto con la reiteración de que la confusión inicial derivó de la interpretación de una supuesta intervención autorizada.

El caso fue turnado a la autoridad competente para determinar la situación legal del detenido, mientras que al interior de la corporación se anticipan sanciones administrativas para los elementos que no actuaron conforme a su deber en el resguardo del inmueble.

Minutos después de concluidos los acostumbrados honores del lunes por la mañana del presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, cuando la presidencia municipal abrió al público, se registró un severo acto de vandalismo luego del inmueble.

Cerca de las 8 de la mañana, un sujeto, presuntamente en estado inconveniente ingresó al patio de la presidencia municipal, tomó macetas y postes separadores para delimitar un perímetro alrededor de la fuente, para proceder a tomar uno de los “line” y comenzar a romper a golpes el pretil de la misma.

Al tiempo que el sujeto golpeaba de forma contundente la base de la fuente central de la presidencia, ciudadanos, funcionarios y trabajadores municipales miraban consternados y atónitos como el hombre seguía rompiendo grandes bloques de la cantera. 

Es relevante mencionar, que cuando todo estaba ocurriendo, aún estaban presentes los elementos de seguridad personal y el Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Pablo Muñoz Huitrón, así como los elementos y el Director de la Policía Municipal de Celaya, Bernardo Rafael Cajero Reyes, y los escoltas del Presidente Municipal.

En el acceso del inmueble se encontraban resguardando, como todos los días, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Turística, así como lo dos elementos municipales del módulo de seguridad de la presidencia, además de elementos de INFOPOL que formaban la escolta de los honores.

Pese a la considerable presencia de efectivos, autoridades de seguridad y funcionarios de primer nivel en el inmueble y sus inmediaciones, el sujeto logró romper, durante al menos 10 minutos, una considerable porción de la circunferencia del petril de la fuente.

Según ciudadanos, trabajadores municipales y funcionarios, los policías asignados a la seguridad del inmueble no se aproximaron con el sujeto, no lo detuvieron, ni tampoco solicitaron apoyo, ni corroboraron con la Oficialía Mayor, si había trabajos de “demolición” programados.

No fue hasta que elementos de la Guardia Nacional, que resguardaban la entrada, se acercaron con el hombre, que seguía destruyendo la base de la fuente, que lo identificaron y corroboraron que no era trabajador municipal, ni estaba contratado para realizar alguna “renovación”.

Al percatarse de la ilegalidad de su actuar, y corroborar que se trataba de un acto de vandalismo, y que el sujeto se notaba fuera de un estado consciente, procedieron a quitarle el poste separador que estaba usando para romper la fuente, y lo aseguraron en la entrada de la presidencia.

Tras varios minutos de interrogarlo, elementos, ahora sí, la policía municipal, y la policía turística, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, y el Ejército Mexicano, procedieron a arrestar y poner a disposición al sujeto.

Fue trasladado, en calidad de detenido, a la comandancia norte para ser presentado ante la Fiscalía General del Estado, y así determinar su situación legal, y las responsabilidades que puedan tener los elementos asignados a la presidencia quienes no intervinieron para detenerlo. 

De acuerdo con el reporte mensual, “En el mes de marzo se atendieron 639 reportes”, lo que refleja la carga operativa asumida por la corporación, particularmente por los elementos capacitados para intervenir en situaciones de violencia contra mujeres y en entornos familiares.

La operatividad incluyó acciones preventivas y de proximidad, donde:

“tuvimos 409 rondines que llevó a cabo la policía de género en los diferentes lugares donde se fueron o donde tienen algún tema de violencia de género”, según expuso Bernardo Rafael Cajero Reyes, Director de la Policía Municipal de Celaya, refiriendo a que reforzaron presencia en zonas identificadas por múltiples hechos de violencia.

Como parte de las atenciones, se realizaron intervenciones directas con víctimas, destacando que “Hubo 46 traslados, 46 personas que fueron trasladadas a la fiscalía para poder denunciar temas de violencia de género”, lo que representó una proporción menor frente al total de reportes.

El contexto de estos traslados se vinculó a la ausencia de agresores en el momento de la intervención, ya que “cuando llega la unidad de género ya no se encontraba la persona agresora, pero la víctima sí está, digamos, en condiciones de poder denunciar”.

Además de los traslados a Fiscalía, se activaron mecanismos de canalización institucional, donde “se atendió la canalización a diferentes dependencias como la Procuraduría Auxiliar que depende del DIF, fueron 17 personas”, ampliando la red de atención integral.

El seguimiento también contempló otras áreas de apoyo, al señalar que “Al fortalecimiento que también depende del DIF fueron nueve personas. Y mujeres, 14 personas que fueron trasladadas con esas dependencias”, consolidando rutas de acompañamiento institucional.

En materia de atención médica y resguardo, se documentó que “Dos personas que fueron trasladadas al hospital por algún tema de lesión”, mientras que otras recibieron respaldo familiar mediante esquemas de acompañamiento gestionados por la unidad especializada.

Dentro de estas acciones, se integraron estrategias de contención, donde “Acompañamiento con su red de apoyo familiar, fueron 14 personas que se llevó a cabo esa actividad”, reforzando la intervención más allá del primer contacto policial.

En cuanto a procedimientos administrativos, se reportó que “Remisión ordinaria, en el mes de marzo fueron 14 personas”, mientras que en el ámbito penal “fueron cuatro personas que fueron puestas en posición de la fiscalía para poder determinar su situación jurídica”.

El balance operativo también incluyó faltas administrativas derivadas de conductas asociadas al entorno de violencia, destacando que “son 21 personas que fueron remitidas por faltas administrativas”, relacionadas principalmente con alteraciones al orden público y consumo de alcohol.

En el ámbito delictivo, se detalló que “fueron cuatro personas que fueron puestas a disposición de la fiscalía dentro de los cuales uno fue por tentativa de homicidio y tres personas… por el tema de violencia familiar, por el tema de género”.

Pese a la magnitud de los reportes, la disposición a denunciar se mantuvo baja, al señalar que “fueron 46 personas que fueron trasladadas a la fiscalía de 639 reportes”, evidenciando una brecha significativa entre atención inicial y formalización de denuncias.

Las condiciones sociales influyen en esta situación, ya que “la mayoría de la gente no quiere denunciar… como es familiar, en muchas ocasiones es familiar, son hijos, son hermanos, son padres”, lo que limita la continuidad de los procesos legales.

Asimismo, se identificó resistencia a recibir apoyo institucional adicional, pues “solamente ellos nos informan en casi la mayoría que solamente retiremos a la persona agresora, no quieren ningún otro apoyo”, reduciendo el alcance de las intervenciones.

Este panorama se vincula con antecedentes recientes en la ciudad, donde un caso ocurrido en la colonia FOVISSSTE reveló que el presunto responsable “ya había sido detenido por parte de la Policía Municipal” por violencia de género, integrando un historial previo dentro de la atención institucional.

La intervención de Protección Civil y Bomberos se activó tras los hechos ocurridos en la final de ida de la liga de filiales contra Cimarrones, donde se confirmó la falta de permisos y la omisión de trámites obligatorios ante autoridades federales.

“Así es, ese día se levantó el acta correspondiente de la situación que pasó, aparte de lo que también se hizo el aseguramiento de parte de los materiales que se utilizaron para realizar la quema, que fueron bazucas, fueron algunos controladores y otros materiales ahí”, aclaró Salomón Ocampo Mendoza, Director de Protección Civil y Bomberos de Celaya.

Durante el operativo, se detalló que no hubo decomiso de pirotecnia como tal, debido a que el material ya había sido detonado al momento de la intervención, por lo que las acciones se centraron en el resguardo de los equipos utilizados.

“no se decomisa pirotecnia, la pirotecnia ya había sido quemada y está asegurado hasta que puedan presentarse ya con nosotros y llevar su respectiva documentación para poderlos acreditar”.

El proceso administrativo continúa su curso con la notificación correspondiente para la comparecencia del club, en tanto se desarrolla la etapa de audiencia para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones conforme a la normativa vigente.

“No sabría decirte la fecha exacta pero sí ya se les notificó para que se presenten y obviamente que se desahogue”.

Las sanciones contempladas por la autoridad municipal incluyen una multa económica inmediata, que se aplicará como consecuencia directa de la realización de la quema sin autorización y fuera del marco regulatorio establecido.

“Es una multa, sería una multa inmediata” y “Aproximadamente a 35 mil pesos”.

Este caso representa el primer antecedente de sanción económica directa en materia de pirotecnia en la actual administración, donde previamente las acciones se habían limitado al aseguramiento de materiales y la suspensión de actividades.

“En temas de pirotecnia no, no se ha aplicado multas, se ha aplicado el decomiso o el resguardo de materiales y el parar las quemas, esa es la primera multa que se va a aplicar en cuestión de pirotecnia”.

Las inspecciones previas a los eventos deportivos se realizan al interior de las instalaciones, sin embargo, en esta ocasión no se detectó la colocación de los dispositivos pirotécnicos hasta el momento en que fueron activados.

“El estadio, bien lo comentas, la inspección se realiza al interior de las instalaciones del estadio, esa no la habíamos nosotros identificado hasta ya el momento que se hizo la quema”.

La reacción del personal en sitio fue inmediata para intentar detener la detonación, aunque las condiciones técnicas de la quema impidieron su interrupción debido a la rapidez del sistema electrónico utilizado.

“inmediatamente actuó el personal que se encontraba en el estadio para tratar de detenerla, desafortunadamente no se alcanzó a detener por la quema que fue muy rápida y como es quema electrónica, se dispara y se hace toda la liberación”.

La evaluación de riesgos subraya que cualquier detonación de pirotecnia representa un peligro, especialmente cuando no se cumplen las medidas de seguridad o se realiza en espacios no adecuados para su manejo.

“Bueno, pues en general cualquier detonación de la pirotecnia es un riesgo, más cuando se hace sin un control o que no se tienen todas las medidas de seguridad”.

Aun cuando se identificaron algunos elementos de seguridad en el sitio, se determinó que no eran suficientes ni adecuados para el tipo de actividad realizada, lo que incrementó el nivel de exposición.

“a pesar de que sí tenían ahí algunos extintores, pero bueno el espacio no era el adecuado y debió haberse tomado otras medidas, para empezar no debió haberse hecho la quema”.

El antecedente de este tipo de prácticas en eventos deportivos ha sido recurrente en administraciones pasadas, particularmente en encuentros de alta relevancia, donde se han registrado quemas sin autorización previa.

“no en esta administración, en pasadas, pero es común que cuando hay eventos importantes realicen la quema sin permiso”.

La postura institucional establece que no se otorgarán permisos para la utilización de pirotecnia en el municipio, reforzando la vigilancia en próximos eventos para evitar la repetición de estos hechos.

“Seguirá sin permiso, no se estará dando ningún permiso para realizar quemas y en el caso que se llegue a realizar, obviamente estaremos más atentos en esa situación”.

El procedimiento en curso, el aseguramiento de equipos y la sanción económica marcan un precedente en la aplicación de medidas ante el uso indebido de pirotecnia, en apego a la normativa vigente y al contexto histórico de la ciudad.

Los artistas urbanos “Leidan art”, “Boni”, José Uriel García Mendoza “Dirak”

y Benedicto Marcial Romero como “veneno” elaboraron este mural en el parque de la colonia Arboledas de San Rafael, en dos días. Este mural pertenece al programa “Color esperanza” dentro de la jornada de los “Tequios por la tierra y murales mundialistas”, que muestran trazos enfocados en el mundial social.

En la inauguración el director del Instituto Municipal de la Juventud, José Manuel Rentería Gualito agradeció el trabajo en conjunto con los tequios, mencionando que con estas actividades se sigue fomentando el arte muralista en Celaya, impulsando y motivando a los jóvenes a que participen en los diferentes programas que el instituto tiene para todos y todas.

El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez mencionó que este mural es un símbolo de la participación colectiva, que en cada trazo se refleja el talento y la labor de los jóvenes celayenses, con una visión más amplia. Además de que se está trabajando en abrir más espacios para el desarrollo social.

“Queremos enviar un agradecimiento por el apoyo de gobierno de México y los distintos programas federales, que atienden a las juventudes. Este mural es testimonio de lo que se logra cuando se trabaja de manera conjunta y se escucha a la gente, presentamos nuestro compromiso con la cercanía con las juventudes” comentó.

Finalmente, los artistas con las autoridades realizaron el corte del listón de este que es el noveno mural realizado en lo que va del año.

En este contexto, se reiteró que la intervención de familiares o terceros durante operativos no es un hecho aislado.

“Esas situaciones se presentan muchas veces con los familiares que ellos los ven de una manera sin embargo las situaciones en que deben dejar actuar”, aseguró Pablo Muñoz Huitrón, Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya.

Se expuso que la responsabilidad recae en permitir el desarrollo de las funciones de seguridad sin importar la corporación que intervenga, al advertirse que “cualquiera de ellas que sea, llamándose AIC o policía municipal caen en la misma responsabilidad”.

Sobre los elementos que sustentan las detenciones, se indicó que estas derivan de procedimientos legales establecidos, al mencionar que “al momento de que nosotros realizamos algún tipo de detención es porque tenemos los suficientes elementos de juicio para poder hacerlo”.

Los casos recientes, incluyendo uno en el jardín principal y otro en los límites con Juventino Rosas, fueron ubicados como antecedentes en los que se ha impedido la actuación ministerial, al precisar que “es la segunda vez que particularmente la agencia de investigación criminal en Celaya se le impide”.

Respecto a la intervención de la policía municipal en estos eventos, se puntualizó la independencia operativa de cada corporación, al señalar que “ellos tienen sus propios procedimientos, ellos obedecen a temas de investigación y directamente pues bajo los lineamientos de algún ministerio público”.

Se estableció que las diligencias ministeriales se ejecutan bajo órdenes específicas, al describir que “están ejecutando, ejerciendo alguna orden de aprehensión, tanto ministerial como judicial”, diferenciando funciones respecto a la actuación preventiva de la policía municipal.

En ese sentido, se delimitó el ámbito de acción de la corporación municipal, al señalar que “nosotros actuamos de manera preventiva, sin embargo no estamos ajenos a toda esa problemática”, reconociendo la presencia de este tipo de situaciones en el entorno local.

Ante versiones difundidas sobre presuntas desapariciones o irregularidades, se rechazó la existencia de tales prácticas en la actualidad, al expresar que “no, no, no, eso yo lo negaría totalmente”, descartando que estos hechos formen parte de la actuación vigente.

Se reforzó la postura institucional respecto a la transparencia en los operativos, al indicar que “hoy ya estamos trabajando como si de manera permanente tuviéramos una cámara y pienso que así es”, en referencia a los mecanismos de supervisión implementados.

Dentro de estos mecanismos, se detalló el uso de herramientas tecnológicas en campo, al señalar que “todos tienen su cámara body cam” y que “todas las patrullas tienen cámaras que permiten guardar evidencias del trabajo que estamos realizando”.

Sobre las acciones de la ciudadanía que interfieren en detenciones, se advirtió que dichas conductas constituyen faltas o delitos, al puntualizar que “esto es un tema de comisión de delitos si impiden una detención o porque están impidiendo las labores de seguridad pública”.

Se reiteró la facultad de la policía municipal para actuar en estos casos, al establecer que “efectivamente, estamos facultados para ello”, abriendo la posibilidad de proceder contra quienes agredan o impidan el trabajo de las autoridades.

En esa línea, se contemplan detenciones cuando existan agresiones o alteraciones al orden público, al afirmar que “si cae en algún tipo de falta administrativa o incluso delito, que vaya agresión, por supuesto que vamos a hacer esas detenciones”.

Se subrayó la exigencia de respeto hacia la autoridad en el ejercicio de sus funciones, al señalar que “no tanto como nosotros respetamos, también exigimos ese respeto a la autoridad que estamos investidos”, en referencia al equilibrio en la actuación institucional.

Finalmente, se estableció que la instrucción operativa es clara respecto a la actuación ante estos escenarios, al precisar que “es la instrucción que tienen cada uno de ellos, el de respetar, pero también ejercer acciones para que su autoridad se mantenga”.

El nuevo marco legal incorpora aportaciones municipales centradas en el endurecimiento de sanciones y la diversificación de medidas para castigar el maltrato animal, incluyendo esquemas alternativos de cumplimiento para quienes no puedan solventar multas económicas establecidas.

“Que hubiera también personas que vinieran, que se decían, ya me multaste, no tengo para pagar la multa y no amerito cárcel, pues ve y haz horas de servicio comunitario al municipio para pagar el daño”, expresó Francisco Álvarez, Síndico y Presidente de la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal del Ayuntamiento de Celaya.

Las reformas también fortalecen la actuación institucional al dotar de nuevas atribuciones al Centro de Control y Asistencia Animal, así como a los juzgados cívicos, permitiendo una coordinación operativa en la aplicación de sanciones y seguimiento de casos.

“Nosotros ya le facultamos también al centro de protección animal para que ellos también puedan hacer sus audiencias dentro del centro”.

Dentro de los cambios relevantes se encuentra la alineación de sanciones municipales con las disposiciones estatales, así como la incorporación de conductas específicas que anteriormente no estaban tipificadas de manera clara en la normativa local.

“También pedimos que fueran más severas. Y el tema de la bestialidad. Y el tema de la zofilia también. Ahorita también ya fue integrado”.

El proceso normativo continúa en fase de ajustes locales, con la revisión de observaciones al reglamento municipal de protección animal, en espera de su publicación definitiva para consolidar la operatividad de las nuevas disposiciones en el ámbito municipal.

“El día de ayer recibimos por parte del periódico algunas observaciones que ahorita las vamos a estar trabajando esta semana”.

Entre los ejes del nuevo reglamento destaca la implementación del CURAC, un sistema digital orientado al registro y control, que operará sin costo para la ciudadanía y con procesos automatizados que buscan facilitar su adopción.

“Como es digital, la gente misma se va a poder meter a registrarse”.

El fortalecimiento institucional también contempla la ampliación de infraestructura, incluyendo la proyección de un nuevo espacio para el centro, ante la insuficiencia del actual para atender la demanda creciente de servicios.

“El centro que tenemos ahorita ya no nos da la capacidad”.

Las acciones planteadas incluyen además la gestión de equipamiento especializado, como un incinerador de menor escala, que permita brindar servicios adicionales a la población bajo condiciones normativas adecuadas.

“Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es uno más chico”.

El rediseño operativo busca también garantizar condiciones adecuadas para la atención de denuncias, integrando espacios físicos para audiencias dentro del propio centro, lo que permitirá agilizar los procedimientos administrativos.

“El centro no tenía un espacio de audiencia. Por esa razón facultamos también al juzgado para que se pudiera apoyar con ellos”.

Uno de los puntos críticos identificados es la limitada capacidad operativa del personal, particularmente en tareas de verificación e investigación, lo que ha dificultado la atención oportuna de denuncias relacionadas con maltrato animal.

“Hay que recordar que tenemos un solo verificador de todo el centro”.

La problemática se agrava ante la necesidad de atender fenómenos cotidianos como la presencia de perros ferales y ataques, lo que ha motivado la urgencia de reforzar recursos humanos y presupuestales para el área.

“Sí, sí, sí. La verdad es que sí urge también dar un poquito más”.

En este contexto, se impulsa la asignación de mayores recursos y la reconfiguración del centro para garantizar la aplicación efectiva de sanciones, inspecciones y, en su caso, el resguardo de animales en situación de riesgo.

“Ese es lo que estamos impulsando con el regidor Andrés”.

Las nuevas disposiciones contemplan también la posibilidad de retirar mascotas en casos comprobados de tenencia irresponsable o maltrato, lo que implica la necesidad de contar con espacios adecuados para su resguardo.

“Necesitaríamos tenerlo, justamente”.

La implementación de estas medidas dependerá de la consolidación del reglamento municipal y de la asignación efectiva de recursos, en un entorno donde la legislación estatal ya establece bases más estrictas para la protección animal.

El avance normativo refleja un proceso de adecuación institucional que busca responder a problemáticas locales, con un enfoque en la prevención, sanción y atención integral, en línea con el reconocimiento constitucional del bienestar animal en Guanajuato.

El planteamiento empresarial advierte sobre la relevancia de estos órganos como mecanismos de participación social, al considerar que permiten enriquecer decisiones públicas, fortalecer la corresponsabilidad y evitar la concentración de decisiones en una sola instancia gubernamental.

En contraste, la administración municipal sostiene la necesidad de modificar el esquema actual, al señalar que el contexto ha cambiado y que los consejos consultivos responden a una nueva lógica operativa dentro del gobierno local.

El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, expuso: “No, pues yo creo que en otro momento ellos tuvieran razón. Hoy nosotros necesitamos consejos consultivos, nosotros necesitamos ahora sí que no por algún interés, porque los consejos directivos pueden generar intereses”.

El rediseño institucional contempla también ajustes en la toma de decisiones presupuestales, particularmente en áreas donde actualmente los consejos tienen atribuciones directas sobre recursos públicos asignados a dependencias municipales.

En ese sentido, señaló: “Yo les decía que nosotros les damos algunas direcciones, 50, 60 millones de pesos anuales, pero nosotros no podemos decidir en qué se gastan, lo decide el consejo, no puede ser”.

La propuesta ha sido interpretada por organismos empresariales como un proceso de centralización, lo que ha generado llamados a establecer espacios de diálogo, mesas técnicas y foros de consulta para revisar los cambios planteados.

Sobre esta solicitud, el alcalde puntualizó: “No, no, nosotros no les pedimos a ellos intervención en sus empresas. Nosotros, también el gobierno puede pedirles que ellos, si ellos hacen foros para determinar qué van a hacer con su empresa, nosotros con todo gusto hacemos foros para determinar qué vamos a hacer en el gobierno”.

El proceso de reorganización administrativa se encuentra actualmente en etapa de análisis técnico, con la participación de distintas áreas municipales y la Comisión de Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal.

Detalló que: “Es un proceso, es un proceso que ya está iniciando”, al referirse al avance en la integración de propuestas que definirán la nueva estructura del gobierno municipal.

Como parte del trabajo en curso, se elaboran organigramas y propuestas funcionales en coordinación con diversas direcciones, a fin de evaluar posibles fusiones, desapariciones y redistribución de atribuciones.

En este contexto, indicó: “Se está viendo, se está viendo, están analizando conjuntamente, por ejemplo, si va a haber la dirección, por ejemplo, de desarrollo urbano, vivienda y MIPE”.

La reorganización también contempla que ningún titular de dependencia tenga asegurada su permanencia, ya que las definiciones dependerán de los resultados del análisis y de las propuestas presentadas por cada área.

Al respecto, afirmó: “Les hemos dicho que nadie es el director, el director de desarrollo social, por ejemplo, puede quedar o no puede quedar”.

El calendario previsto establece que la propuesta integral se presentará hacia finales de junio o inicios de julio, para posteriormente iniciar el proceso administrativo y reglamentario correspondiente.

En ese sentido, precisó: “Esto puede durar, yo creo que para junio, para fines de junio ya están, ya estamos caminando con el nuevo, con la propuesta”.

Dentro de los cambios considerados, se plantea la centralización de varias áreas, con excepciones específicas que permanecerían como direcciones independientes por la naturaleza de sus funciones.

Explicó: “La idea es centralizar a la mayoría, dejarlo por lo menos, que ya quedaría deporte, quedaría el instituto de cultura”.

En otros casos, como movilidad, se analiza su permanencia como dirección debido a proyectos estratégicos en desarrollo, mientras que áreas como IMIPE podrían desaparecer o transformarse en nuevas figuras administrativas.

Sobre movilidad, señaló: “Lo más seguro es que se quede, se quede porque el proyecto que tenemos de transporte urbano es un proyecto único en toda América Latina”.

Finalmente, el rediseño contempla también la redefinición de áreas como medio ambiente, cuya permanencia o transformación sigue en análisis, así como el fortalecimiento de nuevas direcciones con base en prioridades actuales del gobierno municipal.

En este contexto, se expuso que previo a su renuncia existió un encuentro donde se abordaron inquietudes relacionadas con presiones internas, trato político y la necesidad de replantear la relación entre los municipios con mayor peso económico y social en el estado.

“Me platicó que estaba siendo presionada por algunos de sus correligionarios, pero que ella no entendía porque para ella ya había terminado”, expresó el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez.

La conversación también permitió advertir un ambiente de desgaste político, en el que se señaló una dinámica interna que no correspondía con los resultados electorales obtenidos ni con el posicionamiento de los gobiernos municipales.

“Uno gana y a veces pierde, y sigue uno. Pero parece que ella, por lo que yo entendí, no ganó y le seguían pegando”, señaló Ramírez Sánchez.

Dentro de los temas centrales, se planteó la preocupación compartida por el trato institucional hacia los municipios con mayor desarrollo, así como la exigencia de recursos acordes a su relevancia dentro del estado.

“Tenemos nosotros un compromiso verbal de apoyarnos si no nos dan el presupuesto que le corresponde a nuestros municipios por el grado de desarrollo que tienen”, indicó el alcalde celayense.

La posibilidad de una alianza estratégica entre León y Celaya se perfila como uno de los ejes más relevantes, con la intención de consolidar una postura conjunta frente al gobierno estatal en materia de financiamiento y proyectos prioritarios.

“Necesitamos apoyos… si no tenemos ayuda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar colapsados”, expuso Ramírez Sánchez al referirse a las necesidades de infraestructura y movilidad en Celaya.

Entre los puntos abordados también se encuentra el riesgo de colapso en proyectos clave, particularmente en materia de vialidad y logística, donde se requiere respaldo estatal para evitar afectaciones mayores en el corto plazo.

“Yo me veo dentro de un año sin vías, todo colapsado”, advirtió el edil al referirse a la situación de infraestructura ferroviaria en el municipio.

En cuanto a la decisión de abandonar el partido, se planteó un escenario complejo para la exmilitante, en el que las expectativas políticas pueden no corresponder con la realidad operativa fuera de una estructura partidista consolidada.

“Yo creo que va a ser más difícil para ella… una cosa es lo que se diga y otra cosa son los hechos”, sostuvo el presidente municipal de Celaya.

El análisis también incluyó el impacto que esta salida podría tener en el equilibrio político de Guanajuato, especialmente ante la pérdida de presencia del PAN en municipios clave.

“Si no está León con ellos, si no está Celaya con ellos… se acabó el PAN en Guanajuato”, expresó Ramírez Sánchez.

No obstante, se reconoció que en política los escenarios pueden cambiar de manera inesperada, por lo que no se descarta la capacidad de reacción del partido ante este nuevo contexto.

“Nadie está muerto, menos en política”, afirmó.

Respecto a posibles reacomodos partidistas, se confirmó que existieron acercamientos de la presidenta municipal de León con fuerzas políticas a nivel nacional, aunque sin formalizar vínculos a nivel estatal.

“Ella me insinuó que ya estaba platicando con gente de Morena a nivel nacional y con gente de Movimiento Ciudadano a nivel nacional”, detalló.

Se subrayó que estos contactos no implican necesariamente una definición inmediata, sino un proceso de diálogo que podría influir en futuras decisiones políticas de cara a los próximos procesos electorales.

“Pero no ha platicado con gente a nivel estatal”, agregó Ramírez Sánchez.

En el ámbito local, se reiteró la intención de fortalecer la coordinación entre municipios, priorizando agendas comunes que permitan atender problemáticas compartidas como seguridad, infraestructura y desarrollo económico.

“Yo creo que sí las vamos a fortalecer”, indicó respecto a la relación entre Celaya y León.

El escenario también plantea implicaciones para Morena, donde se considera necesario consolidar la unidad interna para enfrentar los retos electorales venideros y capitalizar el contexto político actual.

“Hoy más que nunca… debemos de cerrar filas”, señaló el alcalde.

Se puntualizó que esta cohesión no implica uniformidad absoluta, sino coincidencias en temas prioritarios que permitan construir una mayoría política sólida en el estado.

“La unidad no es a toda costa”, expresó.

Asimismo, se planteó que el desempeño electoral y la estructura interna del partido serán determinantes en la definición de candidaturas rumbo a 2027, bajo esquemas que contemplan competitividad y equidad de género.

“En función de eso, tiene que haber la participación de género”, explicó.

El entorno político que surge tras la salida de la presidenta municipal de León abre un periodo de ajustes, en el que las alianzas, los liderazgos y la distribución del poder podrían redefinirse en función de intereses territoriales y estratégicos.

A la par, se mantiene la expectativa sobre el comportamiento institucional hacia los gobiernos municipales, particularmente en lo relativo al acceso a recursos y al reconocimiento de su peso dentro del desarrollo estatal.

“Ella es la presidenta municipal de todo el pueblo de León… la deben de respetar”, sostuvo Ramírez Sánchez.

El proceso también deja ver la relevancia de los liderazgos locales en la construcción de contrapesos políticos, así como en la articulación de agendas que respondan a las necesidades de los municipios más representativos.

En este escenario, la evolución de las relaciones entre fuerzas políticas y gobiernos municipales marcará el rumbo de Guanajuato en los próximos años, con miras a un proceso electoral que comienza a perfilarse desde ahora.

Durante las últimas semanas, los reportes por interrupciones en el suministro eléctrico han sido constantes en zonas como Rincón de Tamayo, San Juan de la Vega y el centro histórico, lo que ha motivado acciones de gestión y coordinación con autoridades federales del sector energético.

“Fíjate que sobre eso de los apagones, nosotros lo estamos viendo, ya tuvimos una reunión con el equipo de la directora de la Comisión Federal de Electricidad por Zoom y le planteamos todas esas cosas y lo estamos viendo”, señaló Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal de Celaya.

El seguimiento institucional contempla nuevas reuniones para dar continuidad a los planteamientos realizados, con el objetivo de atender de manera puntual las fallas reportadas y establecer soluciones concretas en el corto plazo para las zonas con mayor incidencia de apagones.

“Tenemos otra reunión por Zoom, no sé si la próxima semana o dentro de diez días, pero ya lo estamos viendo”, indicó el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez, en referencia a los próximos encuentros con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad.

Dentro del análisis de las causas, se identificaron factores adicionales que inciden en las fallas del suministro, particularmente en zonas populares, donde prácticas irregulares en el consumo eléctrico han provocado afectaciones en la infraestructura existente.

“En un diablito se ponen 30 diablitos, entonces todo eso genera problemas y muchas veces los transformadores pues truenan”, expuso Juan Miguel Ramírez Sánchez, al referirse a las conexiones ilegales detectadas principalmente en tianguis.

El gobierno municipal ha impulsado medidas para regularizar el consumo eléctrico en estos espacios, condicionando permisos y acuerdos a la eliminación de prácticas que afectan la red, como parte de una estrategia para reducir las sobrecargas en transformadores.

“Estamos haciendo que todos los tianguis paguen la luz… le estamos pidiendo una serie de cosas interesas que ya no haya diablitos”, señaló Juan Miguel Ramírez Sánchez sobre las acciones implementadas para mitigar este tipo de problemáticas.

En el sector industrial también se registraron incidencias, aunque con menor impacto, debido a la implementación de sistemas alternos que permiten mantener la operación productiva en caso de interrupciones en el suministro eléctrico.

“Desde un principio cuando las fábricas se instalan, se les da esta otra opción de que tengan una especie de repuesto… pero por lo menos el proceso productivo no se para”, explicó Juan Miguel Ramírez Sánchez respecto a las medidas preventivas en empresas.

La coordinación directa con autoridades regionales de la Comisión Federal de Electricidad ha permitido atender reportes de mayor impacto, con intervención inmediata en casos específicos donde se ha requerido restablecer el servicio con prontitud.

“Tenemos un trato muy bueno con el intendente regional que tiene cuatro estados… regularmente él manda las órdenes aquí y se solucionan los problemas”, indicó Juan Miguel Ramírez Sánchez sobre el vínculo operativo con la CFE.

En cuanto a la capacidad energética de la región, se descartó la existencia de un déficit derivado del crecimiento industrial o la llegada de nuevas empresas, manteniéndose la suficiencia en el suministro de energía eléctrica en el municipio.

“No hay déficit, no hay déficit”, afirmó Juan Miguel Ramírez Sánchez, al ser cuestionado sobre posibles afectaciones en el abasto energético por la instalación de nuevas unidades productivas en Celaya.

Paralelamente, se mantienen en desarrollo proyectos vinculados a la generación de energía térmica, los cuales forman parte de las estrategias a mediano y largo plazo para garantizar el abastecimiento energético en el municipio.

“Esa energía nos va a permitir tener energía para los próximos 20, 25 años en Celaya”, señaló Juan Miguel Ramírez Sánchez en relación con los planes que se encuentran en análisis y definición junto con actores involucrados.

Sobre la infraestructura eléctrica, se reconoció que la Comisión Federal de Electricidad ha destinado recursos para mantenimiento, aunque con áreas de oportunidad que continúan siendo parte de las gestiones municipales para mejorar el servicio.

“Sí, sí le están metiendo dinero… van bien, todavía como a todos les falta, pero van bien”, expresó Juan Miguel Ramírez Sánchez respecto al estado actual de inversión y mantenimiento en la red eléctrica.

El seguimiento a la problemática se mantiene activo mediante mesas de trabajo y comunicación constante con la CFE, en un contexto donde las fallas han sido reconocidas y se encuentran en proceso de atención con acciones coordinadas entre ambos niveles de gobierno.