Entre ellas, está el garantizar datos completos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con la participación de especialistas internacionales, así como lograr que quienes estén en esa condición cuenten con una carpeta de investigación, abatir el rezago forense y fortalecer la búsqueda inmediata.

Se informó que de julio de 2025 a la fecha, mediante las distintas acciones gubernamentales, han sido halladas 13 mil 625 personas, 90 por ciento de ellas con vida.

Germán Canseco
En el Centro Nacional de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI), Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló que localizaron seis mil 939 personas a través de la Plataforma Única de Identidad; tres mil 39, producto de la estrategia con las entidades federativas; dos mil 572, por la alerta nacional, así como mil 75 de las búsquedas en territorio.

“Tenemos claro que aún nos queda mucho por hacer, pero no hemos claudicado en nuestra obligación; por el contrario, seguimos empeñados en la búsqueda de quienes están ausentes de sus hogares”, dijo Rodríguez.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal precisó que luego de la agresión a balazos contra las dos mujeres en la colonia Estela Ortiz de Toledo, ambas fueron trasladadas a un hospital, donde se activó el Código Plata, donde permanecerán bajo resguardo, además de que se su estado de salud se reporta estable.

La SSPS agregó que el Grupo Institucional mantiene asegurada y acordonada el área, además de realizar las acciones correspondientes para recabar información y dar con los responsables.

La FGE refirió que la investigación fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, con apoyo de elementos de la Policía de investigación y personal pericial de la institución.

Destacó que entre las líneas de investigación está establecer si el ataque puede estar relacionado con la actividad que desarrolla la activista y defensora de los derechos humanos como integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

Rojo Medina se volvió buscadora de personas ausentes a partir de la privación de la libertad de su hermano Miguel Ángel, cometido por sujetos armados el 4 de julio de 2009, y después creo el Colectivo de rastreadoras Voces Unidas por la Vida.

De acuerdo con la Fiscalía, a la antigua docente se le ejecutó la orden de aprehensión ahora por el delito de violencia familiar equiparada, por hechos presuntamente ocurridos entre octubre de 2024 y julio de 2026 en agravio de una adolescente.

La institución informó, a través de sus redes sociales, que la nueva orden de aprehensión está relacionada con hechos que presuntamente ocurrieron en una institución educativa de Tampico. Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la adolescente señalada como víctima.

Estrellita “N” fue detenida el pasado 26 de julio en la colonia Monte Alto, en Altamira, como presunta responsable del feminicidio de Dafne Zapata. Cuatro días después, la mujer fue vinculada a proceso y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El proceso judicial por el feminicidio se mantendrá hasta enero de 2027, de acuerdo con lo establecido por las autoridades.

Por este delito, Estrellita “N” podría enfrentar una pena de entre 40 y 60 años de prisión, en caso de ser declarada culpable. Además de Estrellita “N”, las autoridades han detenido a otras tres personas en relación con el caso de Dafne Zapata. Se trata de Jorge “N”, director de la academia militarizada “Marina Doenitz”; Danna Yanina “N”, alumna del plantel, y Juan Jesús “N”, hermano de Estrellita “N”.

Dafne ingresó a la academia militarizada ubicada en Ciudad Madero y, pocos días después, el 16 de julio, se reportó su fallecimiento dentro de las instalaciones.

La madre de la adolescente señaló que, de acuerdo con los resultados de los estudios forenses, las causas del deceso fueron asfixia y presencia de agua en los pulmones.

La investigación por la muerte de Dafne continúa mientras las personas detenidas enfrentan los procesos correspondientes ante las autoridades judiciales de Tamaulipas.

Si quieres, también puedo darle un tono más agresivo y de nota de portada, con un encabezado y sumario más cercanos al periodismo de sucesos.

De acuerdo con el expediente CJ/AGS/08-26 del cual La Jornada cuenta con copia se señala que la ofendida señaló al Jefe
Operativo de las Pensiones Municipales de que en varias ocasiones intentó besarla además de hacer “insinuaciones de carácter
sexual hacia su persona de manera reiterada”
Tras los constantes rechazos de la agente, el jefe policial utilizó su jerarquía para amenazarla explícitamente con removerla de su área operativa mediante influencias en la corporación.

La quejosa buscó salvaguardar su integridad física y laboral, por lo que solicitó una audiencia directa con el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez
Zúñiga para denunciar los hechos.

Sin embargo, tras exponer ante el personal de secretaría que el motivo de la cita era un caso de hostigamiento sexual cometido por un oficial bajo su mando, la atención le fue denegada bajo el argumento de que el titular de la corporación contaba con “asuntos de mayor relevancia” en su agenda.

Posteriormente las amenazas vertidas por el mando policial se consumaron el pasado jueves, cuando la oficial fue notificada de su cambio de adscripción de la Policía Vial a la Policía Comercial sin justificación técnica ni administrativa, lo que ella consideró es un castigo por rechazar el acoso y buscar vías de denuncia.

La fémina transitaba en su vehículo por la carretera de Mexicali a Islas Agrarias cuando los sujetos la interceptaron a bordo de una camioneta para dispararle y ejecutarla.

El informe de julio sobre violencia contra mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que Baja California ocupa el segundo lugar de asesinatos de mujeres con 80 casos, de los cuales 71 corresponden a homicidios dolosos y nueve a feminicidio.

Mexicali se ubica en noveno lugar de femincidios a nivel nacional, con cinco casos, y en primer lugar en este estado que tiene alerta de género por violencia feminicida desde 2021 cuando gobernaba Jaime Bonilla y se mantiene en la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Israel Vega Rodríguez, encargado de despacho de la Fiscalía de Michoacán, se reunió el jueves con Grecia Quiroz, a quien en su carácter de víctima indirecta en el asesinato de Carlos Manzo, le informó los avances de la carpeta de investigación que, hasta el momento, ha derivado en la captura de 31 presuntos implicados.

Sin embargo, Vega Rodríguez también formalizó la solicitud para que Grecia Quiroz entregue a la Fiscalía los equipos telefónicos que utilizaba Carlos Manzo, a fin de someterlos a peritajes que permitan establecer si existieron amenazas previas contra el edil, o datos que pudieran ser integrados a la carpeta de investigación.

“La FGE notificó el requerimiento para la aportación del o los equipos de telefonía móvil con los que contaba Carlos Manzo, con la finalidad de que sean descritos y procesados de forma pericial, como parte de los actos encaminados al esclarecimiento integral de los hechos”, reveló la Fiscalía de Michoacán.

Esta solicitud es el tercer requerimiento que la Fiscalía hace a Grecia Quiroz, luego de negarse a entregar los teléfonos en diciembre del 2025 y en enero del 2026, justificando su rechazo a colaborar en la falta de confianza a esa institución procuradora de justicia del estado.

Además, esta nueva solicitud se da en el marco de la petición que Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, hizo a la Fiscalía General de la República (FRG) para que atraiga el caso del magnicidio e incluya en la investigación a colaboradores cercanos y familiares del extinto alcalde.

La Fiscalía de Michoacán informó el pasado lunes que investiga una denuncia que presentó Yesenia Méndez Rodríguez, ex secretaria particular y una de las funcionarias más cercanas de Carlos Manzo, en la que acusó a Grecia Quiroz de recomendar y recontratar en el ayuntamiento como director de Relaciones Públicas y Protocolo a Samuel García Rivero, detenido por presuntamente filtrar la agenda privada del alcalde uruapense al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entre los 31 detenidos figura Ramón Ángel Álvarez Ayala el “R-1”, presunto líder regional del CJNG y quien habría ordenado el asesinato de Carlos Manzo como una supuesta venganza. El resto de los detenidos son escoltas de Manzo Rodríguez y miembros del CJNG.

La movilización que inició en el Palacio de Bellas Artes, se compasó de consignas como “¡mi vida, mi muerte, mi decisión!”, sabiendo que en cada tramo, si alguien se siente mal por sus padecimientos no dudara en pedir ayuda a quienes caminaban a su lado. 

Samara Martínez, quien enfrenta insuficiencia renal crónica terminal, es la impulsora de la Ley Trasciende, dijo que han sido años de lucha, ya que con esta legislación no se pretende impulsar la muerte, sino humanizarla. 

Señaló que lograr que esta legislación se apruebe “no es de un día para otro, y en el gobierno han hecho oídos sordos a esta ley y también hay diputados que ni siquiera le dan importancia a esta situación”. 

La joven sostiene que a lo largo de un año este movimiento ha “agotado todas las instancias públicas y maneras de conversación”, ya que aún cuando esta es la séptima propuesta de iniciativa para legalizar la eutanasia, la diferencia ahora es que quienes impulsan este proyecto es promovido por pacientes. 

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que García Luna está preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con las organizaciones del crimen organizado pero con posterioridad se dedicó a hacer “negocios corruptos” a través de los cuales se fijaban sobreprecios ostensibles o se simulaban con empresas de seguridad que en realidad no ofrecían nada, sino que eran operaciones fraudulentas. 

Bravo detalló que entre 2008 y 2018, García Luna tejió una red relacionada con el desvío de recursos públicos y con operaciones con recursos de procedencia ilícita, contratos con el Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social por 403 millones de dólares con empresas privadas. 

Añadió que hubo simulación de prestación de servicios con la participación de servidores públicos y empresas fachada. A partir del seguimiento del flujo de dinero se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y la demanda civil en Florida.

Foto Presidencia

La familia Weinberg tuvo un papel relevante en esta estructura corporativa con empresas fachada que obtuvo 30 contratos a sobre precios a cambio de remuneraciones económicas. Disimulaba sobornos mediante pagos comerciales, simulaban materialidad de contratos y maximizar la extracción de recursos públicos con este esquema. 

El funcionario aseveró que a través de triangulaciones financieras con Barbados y Miami se desarrollaban operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna por montos de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares. 

Estas acciones permitieron dar un seguimiento al flujo del dinero con resultados concretos para la recuperación de activos. “La Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda civil ante el undécimo circuito judicial Miami, para recuperar activos legítimos del estado mexicano para litigar este caso. Caso. El 19 de mayo dictó sentencia condenatoria contra la familia Weinberg que participó en este esquema ilícito. Como resultado de este proceso el 25 de agosto el gobierno mexicano recibió 5 millones 805 mil 693 dólares, derivados de una póliza de fianza y liquidación de doce propiedades en familia. 

Bravo aseveró que ya se están identificando otras propiedades de la familia Weinberg que también se estará litigando para recuperar recursos.

Se destinarán recursos recuperados a Montaña de Guerrero

Sheinbaum adelantó que estos 5.8 millones de dólares se destinarán a ampliar la infraestructura educativa de educación media en la Montaña de Guerrero. 

Aseveró que este caso sólo muestra la “hipocresía” de quienes en su momento defendieron al ex secretario de Seguridad Pública que además de vincularse de manera ilícito con los grupos criminales durante la llamada guerra contra el narcotráfico, se dedicó a hacer negocios corruptos posteriormente con uso de empresas fachada, contratos a sobre precios o bien mediante una red de contratos fraudulentos.

A pregunta expresa sobre si en las investigaciones realizadas en torno a García Luna se ha vinculado al ex presidente, Felipe Calderón o algún familiar, Sheinbaum dijo que hasta ahora no hay ningún elemento que lo vincule.

Las detenciones -que forman parte de las acciones de la Estrategia Nacional contra la Extorsión- derivaron de 21 órdenes de cateo ejecutadas durante la madrugada de hoy en diversos domicilios de Oaxaca, donde también fueron aseguradas cuatro armas largas, dos cortas, cargadores y cartuchos útiles.

De acuerdo con fuentes de seguridad federales, los detenidos son son Heraclio Montero, alias “Heraclio”; Julián Cruz, alias “Gordo”; Oscar Aramis Salazar, alias “Cangrejo”; Sharon Italia Curiel, alias “La Italia”; Erika Suliana Muñoz, Erick Martínez, alias “El Panda”; José Antonio García, Hugo Alberto Gómez, Óscar Alberto González y Ricardo Ramírez, alias “Duck”.

En el operativo participaron más de 300 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en estrecha coordinación con Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Fiscalía local precisó que los inmuebles intervenidos se ubican en diferentes puntos de la zona metropolitana de Oaxaca: Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda en San Pablo Etla, y Santa Cruz Xoxocotlán.

La primera mujer localizada muerta estaba en la colonia El Rublito, en Escuinapa, y las otras dos en la colonia Pradera Dorada dos, en Mazatlán.

Las tres presentaban disparos con arma de fuego; además, el cuerpo encontrado en Escuinapa tenía las manos atadas.

La fiscalía también dio a conocer que los restos de una mujer desaparecida en julio de 2025 en el poblado de Villa moros, municipio de Navolato, fueron identificados con el nombre de María Guadalupe F, de entonces 38 años.

Detalló que tras realizar una confronta de ADN con muestras de familiares permitió la identificación de Guadalupe, cuyos restos fueron encontrados el pasado 7 de agosto, los cuales ya fueron entregados a su parientes.

La FGE agregó que continuarán las indagatorias para esclarecer la situación de desaparición y las circunstancias de su muerte para esclarecer el delito y fincar responsabilidades.