En la ciudad de Celaya, un video difundido en plataformas digitales ha generado polémica luego de que se exhibiera a una mujer, identificada como empleada de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (JUMAPA), emitiendo amenazas directas contra un ciudadano en un espacio público.
El material audiovisual fue captado por el propio afectado mientras caminaba por el Parque Morelos. En él se escucha claramente a la trabajadora decir: “a mí me cuesta dos mil pesos para que te desaparezcan”, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.
Hasta el momento, no se ha esclarecido el origen del conflicto ni las circunstancias que derivaron en ese intercambio. La falta de información oficial sobre los motivos detrás del altercado ha contribuido a un creciente malestar entre la comunidad digital y habitantes de la zona.
Ante la magnitud del señalamiento, la JUMAPA emitió un posicionamiento público donde manifestó su rechazo absoluto hacia cualquier comportamiento agresivo por parte de sus colaboradores. En su comunicado, la institución precisó: “NO TOLERARÁ actos de violencia, intimidación y/o prepotencia por ninguno de sus colaboradores”.
En ese mismo mensaje, la dependencia aseguró haber iniciado un procedimiento interno con el objetivo de separar del cargo a la persona involucrada. “Se inició el proceso de baja para la separación del cargo de la persona señalada”, indicó la Junta, sin precisar más detalles sobre el estatus de la trabajadora.
La grabación, compartida ampliamente en redes sociales, ha despertado indignación entre usuarios que exigen sanciones inmediatas. Algunos incluso cuestionaron la integridad del personal que labora en servicios públicos, y pidieron mayor control institucional ante este tipo de conductas.
A pesar de la difusión del video y del comunicado institucional, la JUMAPA no ha aclarado si se presentarán denuncias legales ni si se ofrecerá apoyo al ciudadano afectado. El silencio en torno a posibles consecuencias legales ha generado incertidumbre sobre el seguimiento del caso.
La opinión pública continúa a la espera de acciones concretas por parte de la autoridad correspondiente. Mientras tanto, el incidente ha dejado al descubierto la urgencia de reforzar protocolos éticos en el servicio público y atender con seriedad cualquier expresión de violencia verbal o amenaza.
