Celaya, Gto a lunes 14 de julio del 2025. (Alan Ordaz).- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, declaró desconocer el contenido y alcances de los convenios suscritos entre el gobierno estatal, los municipios y la empresa Seguritech, responsable del sistema de videovigilancia y del C4, tras las acusaciones por conflicto de intereses expuestas por la gobernadora del Estado en torno a la residencia en EE.UU del ex gobernador Diego Sinhue.
Indicó que su administración no ha tenido acceso directo a dichos convenios ni conocimiento detallado de sus condiciones, debido a que fueron suscritos por el Ejecutivo estatal y únicamente se informaba a los municipios sobre los pagos correspondientes.
“No, fíjese que no los conozco y no sé si estén aquí. Yo les recuerdo que el gobierno estatal era el que había hecho el convenio con ellos y que nos incluía a los municipios”, expresó.
Afirmó que desde su arranque como presidente y junto con su equipo de Morena, ya había desconfianza sobre la empresa por sus métodos de operación y los elevados montos que cobraba por mantenimiento.
“Desde un principio creímos que seguridad era mala. Todo Morena fueron los que siempre estuvimos diciendo que no era posible que miles y miles de millones de pesos se hayan gastado en cámaras”.
Destacó que Seguritech solicitó al municipio una inversión superior a los 140 millones de pesos para el mantenimiento del C4, por lo que se optó por buscar una alternativa más económica.
“Les pedimos cuánto nos costaba arreglar el C4 y nos dijeron que eran como unos ciento cuarenta… ciento tantos millones de pesos y nosotros empezamos a buscar otras compañías”.
A través de sugerencias de instancias federales como la Guardia Nacional y SEDENA, encontraron una empresa local, la cual ofreció servicios por un costo cercano a los 60 millones de pesos, representando un ahorro superior al 50%.
“Fuimos viendo cada una de ellas y buscamos una que era de Guanajuato y que era una empresa sólida y mucho más barata, casi el 50”.
Sin embargo, Seguritech continúa operando bajo una concesión vigente relacionada con el sistema 911, situación que, según explicó, implica que el control de las llamadas entrantes y salientes de emergencia está en manos de la empresa.
“Nosotros no pudimos quitar el 911, el 911 parece que Seguritech tiene la concesión y hay que pagarle y hay que pagarle”.
Precisó que los pagos por este servicio se realizan a través de fondos estatales y federales, y no directamente por el municipio.
“El gobierno del Estado… hay un dinero que le dan al gobierno del Estado y el mismo gobierno del Estado lo controla… y de ahí una parte tienen que pagar todavía por el funcionamiento del 911”.
Dijo desconocer el tiempo restante de vigencia de esa concesión, pero mencionó haber recibido información sobre esta situación recientemente.
“No, me lo acaban de decir el sábado… entonces hay que investigarlo”.
Reiteró que, a pesar de las restricciones contractuales impuestas desde el gobierno estatal, su administración decidió no continuar con Seguritech y explorar otras vías más transparentes y funcionales.
“Eso nos permitió… pero sí nos dijeron ellos que nosotros teníamos una sanción si no continuábamos con ellos porque el convenio era con el gobierno del estado”.
Finalmente, aseguró que, en caso de que los convenios firmados por el gobierno estatal con Seguritech estén en poder del municipio, serán investigados y, si es posible, dados a conocer públicamente.
“Entonces, yo no sé si están aquí los convenios, pero voy a investigar y si están, pues los hacemos, entre comillas, públicos”.
El presidente puntualizó que su administración se mantiene firme en su compromiso con la transparencia y con la implementación de medidas que garanticen una seguridad eficiente, sostenible y con costos proporcionales al servicio brindado a la ciudadanía.
