GUANAJUATO, GTO., A 01 DE JULIO DE 2025.- En Irapuato, la Fiscalía General del Estado logró, a través de una pronta integración e investigación, que dos jóvenes detenidos en flagrancia —en posesión de un arsenal, vehículos y una víctima privada de la libertad— fueran vinculados a proceso penal y permanezcan en prisión preventiva mientras se dicta sentencia.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de junio de 2025, alrededor de las 4:40 de la tarde, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato recibieron un reporte al número de emergencias 911, en el que se alertaba sobre camionetas con sujetos armados que intentaban interceptar a un ciudadano.
En seguimiento al reporte, oficiales municipales que patrullaban la carretera que conduce a Cañada de la Muerte ubicaron vehículos con las características descritas. Al aproximarse, detectaron a dos hombres armados, quienes al notar la presencia de los policías corrieron hacia una casa en construcción para ocultarse, pero fueron detenidos en el lugar.
En el interior de la finca, los agentes encontraron a una persona maniatada y con huellas de violencia, quien manifestó haber sido privada de la libertad desde el 20 de junio. Además, en el sitio se aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos de uso exclusivo del Ejército y equipo táctico.
La víctima fue liberada con vida, recibió atención médica inmediata y fue resguardada por las autoridades.
Los detenidos, identificados legalmente como Juan Martín “N” y Jorge Alberto “N”, fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado, junto con todo lo asegurado.
Durante la audiencia de control de detención, celebrada por videoconferencia y presidida por una jueza, el Ministerio Público de Guanajuato presentó datos de prueba que sustentan la probable responsabilidad de los imputados en los delitos de:
- Desaparición cometida por particulares
- Robo equiparado
- Portación de armas de fuego
- Posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército
La jueza calificó de legal la detención, los vinculó a proceso penal por los delitos señalados y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
En lo que respecta a los delitos relacionados con armas de uso exclusivo, se declinó competencia a la autoridad ministerial federal, en apego al marco legal vigente.
