Apaseo el Grande, Guanajuato a lunes 05 de octubre del 2026, (Alan Ordaz) – El Congreso de Guanajuato dejó vencer el plazo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para modificar las normas que penalizan el aborto voluntario.
El término de 90 días concluyó el 30 de septiembre, sin que el Poder Legislativo estatal aprobara las reformas necesarias al Código Penal.
La resolución judicial cuestionó los artículos 159, 160, 162 y 163 del ordenamiento estatal, considerados incompatibles con derechos reproductivos fundamentales.
Ante este escenario, el diputado Antonio Chaurand Sorzano sostuvo que la determinación que adopte la Corte deberá ser cumplida, pese a las distintas posturas sociales.
“Siempre hemos señalado que hay puntos de vista diferentes y respetables, pero finalmente como sociedad tenemos que tener una respuesta”, expresó.
El legislador señaló que todavía no existe certeza sobre cuándo comenzará la siguiente etapa, aunque consideró que deberá avanzarse conforme al criterio judicial.
Chaurand aclaró que su posición no pretende fomentar la interrupción del embarazo, sino evitar que las mujeres sean criminalizadas por esa decisión.
“De ninguna manera estamos nosotros promoviendo el aborto, estamos buscando la no criminalización de la mujer que tomó esa decisión”, puntualizó.
El diputado argumentó que mantener sanciones penales no necesariamente evita que las mujeres interrumpan embarazos, por lo que planteó atenderlos desde servicios de salud.
También consideró necesario respaldar a quienes decidan continuar con su embarazo mediante condiciones adecuadas para gestación y parto, además de facilitar procedimientos de adopción.
Sobre el escenario jurídico, la SCJN deberá continuar con el procedimiento relacionado con las disposiciones estatales que mantienen sanciones contra el aborto voluntario.
La resolución de 2025 declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza esta práctica en Guanajuato, aunque inicialmente sus efectos quedaron limitados.
El procedimiento derivó en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, mediante la cual el Congreso recibió el plazo para corregir las disposiciones cuestionadas.
La falta de una reforma legislativa dentro del término establecido abre paso a una posible declaratoria general de inconstitucionalidad, conforme al procedimiento correspondiente.
Mientras tanto, el vencimiento del plazo no implica por sí mismo que los criterios judiciales previamente establecidos hayan dejado de producir efectos jurídicos.
El Gobierno estatal ha señalado que esperará la determinación definitiva de la Corte y ha informado que actualmente no hay mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con aborto.
