Chihuahua, Chih a 17 de Julio de 2026. Organizaciones civiles y colectivos feministas, ambientalistas y en solidaridad con Palestina de al menos 14 entidades del país convocaron a una marcha nacional el próximo 1 de agosto para protestar contra el acuerdo de cooperación hídrica firmado entre la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.
La movilización, denominada “Marcha pacífica anti-Israel” o “Marcha en defensa del agua”, se realizará de manera simultánea en Ciudad Juárez, Chihuahua, Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo, Tampico, Durango, Aguascalientes, Querétaro, Pachuca, Guanajuato, Nayarit, Tlaxcala y Mérida.
En la ciudad de Chihuahua, la Asamblea Feminista del Estado de Chihuahua convocó a concentrarse en la glorieta de Pancho Villa para exigir el cese de la ofensiva israelí en Gaza y Cisjordania, la cancelación del convenio de cooperación hídrica y rechazar una eventual privatización del agua.
En Ciudad Juárez, colectivos como Espacio Cultural Fronterizo, 8M Marcha Incluyente y Defensa del Río Bravo llamaron a manifestarse en la plaza del monumento a Benito Juárez.
En las convocatorias difundidas por las organizaciones se afirma que el convenio beneficia a empresas privadas israelíes y se exige transparencia, la cancelación del acuerdo y sanciones para los funcionarios involucrados.
El Plan de Cooperación entre Mashav-Agencia para la Cooperación y el Desarrollo Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores del Estado de Israel y la JCAS de Chihuahua fue firmado el 23 de febrero de 2023 y tiene vigencia hasta 2027.
De acuerdo con integrantes del colectivo Salvemos los Cerros, el convenio no fue registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni ante la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), lo que, aseguran, contraviene la Ley sobre la Celebración de Tratados.
Por su parte, el gobierno de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, sostiene que el acuerdo busca intercambiar conocimientos y tecnologías para el diseño, construcción y mantenimiento de sistemas hídricos en situaciones de crisis.
El director de la JCAS, Mario Mata Carrasco, afirmó que el convenio es legal y aclaró que se trata de un mecanismo de cooperación técnica para compartir experiencias, sin otorgar derechos, concesiones o control sobre el agua del estado.
Asimismo, aseguró que el plan no genera obligaciones ni beneficios jurídicamente vinculantes para las partes involucradas.
