Nezahualcóyotl, Méx a 17 de Mayo de 2026. Organizaciones internacionales pro derechos humanos, la justicia, contra la tortura y la desaparición forzada, partícipes de la promoción la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, demandaron al Poder Judicial de la Federación (PJF) resolver con prontitud los juicios de amparo interpuestos por la activista Kenia Inés Hernández Montalván, indígena amuzga, privada de libertad desde octubre de 2020.
En una carta difundida por la organización de derechos humanos Zeferino Ladrillero, los firmantes sostienen que el PJF tiene hoy la oportunidad de hacer justicia y obtener la libertad de quien purga dos penas condenatorias ante el Poder Judicial del estado de México.
Exigieron, se aplique los estándares internacionales de derechos humanos respecto a personas defensoras de derechos humanos y el derecho legítimo a ejercer la protesta pacífica.
Desde el año 2010, la defensora indígena, ha enfrentado diez casos de criminalización. Ocho causas, federales, ya fueron cerradas; pero aún queda pendiente dos más, en el ámbito local.
En la actualidad la mujer originaria de Guerrero, enfrenta una condena de 21 años de cárcel por los delitos de robo y ataques a las vías de comunicación.
Luego de su detención en 2020, pasó cuatro años en un penal de máxima seguridad; así como en diversas cárceles mexiquenses. Actualmente está recluida en el penal estatal Neza-Sur, de esta localidad.
La ACAT Francia; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana; la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH); la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Front Line Defenders, signaron el documento.
Las seis organizaciones, sostienen que es obligación del Estado garantizar una protección judicial efectiva, reparar violaciones a derechos fundamentales y evitar que se consolide la criminalización.
Ello en agravio de la defensora indígena de derechos humanos, injustamente encarcelada por hechos vinculados con el ejercicio de su defensa y de la protesta social.
A las autoridades del Estado mexicano pidieron reconozcan la labor de defensa de derechos humanos de Kenia Hernández, particularmente su reconocimiento como mujer defensora indígena, como ya han hecho algunas representantes del Poder legislativo.
Mientras que a las autoridades de mexiquenses, le demandaron de cumplimiento a su obligación reforzada respecto a la protección de personas defensoras de derechos humanos, especialmente, a evitar obstáculos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos y del derecho a la protesta pacífica, propiciando un entorno libre de cualquier tipo de agresión contra personas defensoras.
Sostienen que tras el cierre de ocho causas penales del orden federal; hoy se presenta una oportunidad de hacer justicia y liberar a la indígena amuzga.
Las organizaciones firmantes llamaron al PJF a resolver el litigio, pues la defensa de Kenia Inés, ha planteado juicios de amparo ante estas dos sentencias, que se encuentran en trámite ante los órganos jurisdiccionales frente del Segundo Circuito en materia penal.
Recordaron que antes de su detención, en 2020, Hernández Montalván, desarrolló su labor en diversos movimientos sociales en Guerrero, como dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive e integrante del Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos de Guerrero, incluido el acompañamiento a comunidades y personas afectadas por graves violaciones de derechos humanos.
Ahora, enfrenta la apertura continua de investigaciones y procesos con el propósito de mantenerla privada de libertad a lo largo de los años.La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras, el Relator de Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias, han manifestado su preocupación por las sentencias emitidas en contra de Kenia.
“El caso de Kenia Hernández es considerado emblemático, ya que refleja la instrumentalización del sistema de justicia para limitar su labor de defensa”.
En el escrito, los activistas internacionales, sostienen que Kenia Hernández en su encierro continúa enfrentando vulneraciones al debido proceso y a sus derechos como mujer indígena amuzga y defensora de derechos humanos.
“Entre las vulneraciones que enfrenta se encuentra la comunicación con su familia, especialmente sus hijos, debido a las limitaciones económicas y a la distancia ya que solo puede costear pocos minutos de llamadas telefónicas al día y las visitas de sus hijos solo pueden realizarlas cada dos o tres meses”.
Al poder judicial del Segundo Circuito en materia penal del PJF, le insistieron; que resuelva los amparos directos promovidos a favor de Kenia Hernández en las dos causas locales.
Los firmantes son: ACAT Francia, asociación que lucha por la abolición de la tortura, el trato cruel inhumano y la pena de muerte en el mundo; es una ONG ecuménica que, desde la década de los 70, desde Paris, defiende los derechos humanos.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una asociación dedicada a la defensa de los derechos humanos en las Américas y litiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; mientras que CIVICUS: Alianza Global para la Participación Ciudadana, fundada en 1993, opera en 187 países; en tanto que la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), fundada en 1922 en diez naciones, en 2013 ya la integraban 178 organizaciones de derechos humanos.
También firmaron la carta, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), que es una coalición internacional de lucha contra la tortura yla desaparición forzada y que opera desde 1985 y finalmente Front Line Defenders, fundación internacional con sede en Irlanda, creada en 2001.
