Celaya, Guanajuato a miércoles 15 de abril del 2026, (Alan Ordaz) – El asesinato de un comerciante en Avenida El Sauz, ocurrido el domingo 12 de abril, evidenció fallas en los esquemas de protección institucional, luego de que se confirmara que la víctima había denunciado extorsión y contaba con resguardo activo.
El ataque se registró mientras el hombre esperaba el cambio de semáforo en la intersección con Avenida Oro, donde sujetos armados a bordo de motocicletas dispararon en repetidas ocasiones, provocando heridas que derivaron en su fallecimiento durante el traslado médico.
El hecho movilizó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes aseguraron la zona por más de dos horas, recolectando indicios balísticos e integrando la carpeta de investigación correspondiente por parte de la autoridad ministerial.
Sobre el caso, se confirmó que la víctima había solicitado apoyo institucional tras denunciar ser víctima de extorsión. “Sí, tenía protección, tenía protección”, señaló el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El esquema de seguridad implementado correspondía a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. “Y la FESPE lo estaba protegiendo, pero lo protegía con el protocolo que se tiene solamente en el trabajo”, precisó el alcalde sobre las condiciones del resguardo.
La limitación de ese protocolo fue determinante en el desenlace. “Quiero decirles que a veces los protocolos no son los correctos”, expresó el edil, al referirse a las restricciones que impedían cobertura fuera del ámbito laboral.
Se detalló que el esquema no contemplaba todos los desplazamientos del beneficiario. “El protocolo no llegaba, o sea, si él llega a su casa y se vuelve a salir y va a hacer otras cosas”, explicó en torno a los alcances operativos.
El ataque ocurrió fuera del área protegida, lo que dejó expuesta a la víctima. “El protocolo ya no consideraba eso”, añadió, señalando la brecha que permitió que el hecho se registrara en vía pública.
La situación llevó a replantear los esquemas de seguridad vigentes. “Entonces ahora nosotros pedimos que los protocolos sean más completos”, indicó, al referirse a la necesidad de ampliar la cobertura a otros espacios cotidianos.
La insuficiencia de la protección fue reconocida abiertamente. “Pero el protocolo no alcanzó a hacerse completo”, sostuvo, al enfatizar que el esquema existente no logró prevenir el ataque pese a la denuncia previa.
En torno al móvil del crimen, se estableció que no hay una conclusión oficial. “Yo no sé si fue porque denunció o no denunció”, señaló, al dejar en manos de la fiscalía la determinación de las causas.
La incertidumbre se mantiene mientras avanzan las investigaciones. “La fiscalía no nos ha dicho por qué”, puntualizó, al referirse a la falta de información concluyente sobre el origen del ataque armado.
A pesar del contexto, se insistió en no generalizar el temor en la población. “Hay muchas denuncias sin que les pase nada”, afirmó, al señalar que existen casos donde los denunciantes reciben protección sin incidentes.
Se reiteró que existen múltiples esquemas activos para personas que han solicitado apoyo. “Hay mucha gente que ha denunciado como él denunció”, indicó, en referencia a la continuidad de los mecanismos de protección.
En cuanto a la incidencia delictiva, se sostuvo que los homicidios han mostrado una disminución. “Hemos hecho que un 60% de los asesinatos ya no se hagan”, afirmó, al presentar un balance sobre la reducción de violencia.
La extorsión, según lo expuesto, también ha tenido variaciones. “La extorsión ha disminuido mucho que se ve también en los asesinatos”, explicó, al relacionar ambos fenómenos en el comportamiento delictivo reciente.
El aumento en denuncias fue interpretado como un indicador de mayor participación ciudadana. “Las denuncias han aumentado un 10%”, detalló, al señalar un cambio en la disposición de la población para reportar delitos.
El llamado institucional se centró en la denuncia como herramienta clave. “La única forma de que podamos nosotros hacer las cosas es que denuncien”, expresó, al insistir en la colaboración ciudadana con autoridades.
Se destacó la actuación de instancias especializadas en el combate a este delito. “Es un equipo muy eficiente y ya ha detenido a muchísima gente”, indicó, al referirse al escuadrón estatal anti extorsión.
Desde la experiencia personal, se expuso el impacto de este delito en el pasado. “Los tuvimos que quitar los cinco por extorsión”, relató sobre negocios familiares que cerraron ante amenazas.
La desconfianza histórica hacia las autoridades también fue mencionada. “Yo que soy bien escéptico”, expresó, al recordar periodos en los que no existía credibilidad en instituciones de seguridad.
El escenario actual, según lo expuesto, presenta condiciones distintas. “Hoy les digo que las fiscalías, sobre todo la de anti-extorsión… es muy bueno”, señaló, al referirse a cambios en el funcionamiento institucional.
La postura ante una situación similar fue clara. “En estas condiciones yo sí denunciaría”, afirmó, al cerrar con una postura que contrasta con experiencias previas en un contexto de transformación institucional.
