Ciudad de México a 6 de Marzo de 2026. La opinión consultiva emitida este jueves por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tráfico ilícito de armas respalda y refuerza la posición sostenida por México en este tema, al establecer que los Estados deben ejercer “debida diligencia” para regular, supervisar y fiscalizar la comercialización de armas de fuego, incluso cuando estas actividades sean realizadas por empresas privadas, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Según un comunicado de la cancillería, el pronunciamiento del tribunal regional confirma la necesidad de que los países adopten controles efectivos para evitar que las armas sean desviadas hacia el mercado ilegal, así como medidas que permitan identificar su origen y rastrear su circulación. La Corte subrayó que los Estados deben garantizar el marcaje, registro y rastreo de armas de fuego, además de fortalecer la gestión de arsenales y de armamento decomisado para impedir su desvío hacia redes ilícitas.
El órgano judicial interamericano también reafirmó que las víctimas de la violencia armada tienen derecho a recursos judiciales efectivos para reclamar por los daños sufridos, y que los Estados deben cooperar internacionalmente para enfrentar el tráfico ilícito de armas.
De acuerdo con la SRE, la opinión consultiva “refuerza la posición de México de que las empresas juegan un papel significativo en la problemática de la violencia armada”, debido a que sus decisiones comerciales, así como la falta de controles y responsabilidad en la venta y distribución de armas, pueden tener consecuencias graves para la seguridad y el bienestar de la población.
La opinión consultiva —que no es vinculante— se deriva de la solicitud presentada por México en 2022 ante la Corte, mediante la cual pidió interpretar la responsabilidad de las empresas privadas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas de fuego por los efectos de prácticas negligentes sobre los derechos humanos, así como las obligaciones de los Estados para garantizar protección judicial a las víctimas.
Durante el proceso, México argumentó que la comercialización negligente de armas por parte de empresas privadas contribuye significativamente a la violencia armada en la región, vulnerando derechos fundamentales como la vida y la integridad personal. La opinión de la Corte, añadió la cancillería, también refrenda los argumentos del país en los litigios estratégicos que mantiene contra fabricantes y tiendas de armas en Estados Unidos, dentro de la estrategia de seguridad del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
