Celaya, Guanajuato a jueves 26 de febrero del 2026, (Alan Ordaz) – La localización sin vida de cinco mujeres originarias de Celaya en pozos agrícolas de Franco Tavera y La Tinaja, en Juventino Rosas, abrió una línea de atención institucional centrada en la identificación genética, el acompañamiento a víctimas indirectas y el análisis del contexto de desapariciones en la región.
Las jóvenes, de entre 19 y 30 años, contaban con fichas activas bajo Alerta Amber y Protocolo Alba.
Sus cuerpos fueron ubicados en una zona donde la Fiscalía confirmó la existencia de una fosa clandestina considerada de las más grandes registradas recientemente en el estado.
De manera preliminar, se ha informado oficialmente la confirmación de 19 cuerpos localizados en el sitio, con entre 14 y 15 identificaciones avanzadas, mientras colectivos de búsqueda han señalado que podrían superar los 40 restos en los pozos intervenidos.
Desde el gabinete estatal de seguridad se precisó que la clasificación jurídica del caso dependerá de la autoridad ministerial.
“La fiscalía es quien es que tendría que dar esta esta información”, se estableció al abordar si se investiga como feminicidio u homicidio doloso.
También se puntualizó que la determinación del tipo penal exige elementos específicos.
“El tipo penal del feminicidio es muy concreto y no es lo que yo quiero a lo que yo busque, se tienen que tener los elementos exactos. Acuérdense que en el derecho penal no existe la interpretación, es de estricto derecho”.
En el terreno operativo, se informó que las búsquedas han evolucionado en técnica y alcance.
“Desde la Comisión Estatal de Búsqueda hemos redoblado las actividades, hemos invertido, más recursos en equipamiento y hemos profesionalizado a nuestro personal”, se indicó respecto a las intervenciones en pozos de gran profundidad.
Las labores en Franco Tavera implicaron maniobras especializadas.
“Hoy las búsquedas son más complejas, bien señaladas. Ahora las hacemos en pozos a gran profundidad donde se tiene que hacer una intervención con equipos ya muy técnicos, cámaras especializadas”, se detalló sobre el procedimiento aplicado.
En paralelo, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas mantiene activación condicionada a la confirmación genética oficial.
“Necesitamos ahí tener certeza de que son las personas localizadas y a partir de ahí nos activamos”, se puntualizó sobre el requisito previo a los apoyos formales.
Se subrayó que la notificación ministerial es el punto de partida para la intervención.
“Tenemos que esperar a que fiscalía haga la identificación y la notificación a las familias y en ese momento en cuanto hace la la notificación los activamos desde apoyo en materia de gastos funerarios, atención psicológica, representación jurídica”.
En Celaya opera una estructura regionalizada de atención inmediata.
“Aquí en Celaya tenemos 29 asesoras y asesores jurídicos que están en la fiscalía y en los juzgados atendiendo a las personas en situación de víctima”, se expuso sobre la capacidad de respuesta local.
Respecto al caso de Juventino Rosas, se precisó el número de personas atendidas hasta el momento.
“Son 14 personas entre hombres y mujeres”, se informó sobre familiares o personas vinculadas que han recibido acompañamiento derivado de estos hallazgos.
Además de las cinco mujeres inicialmente referidas, se confirmó la existencia de otra víctima femenina vinculada al contexto.
“Sí, efectivamente hay otra mujer. Se le está atendiendo de manera integral”, se señaló al abordar la posible sexta mujer relacionada con el sitio.
La activación institucional contempla apoyos inmediatos y posteriores.
“En cuanto la comisión tiene la noticia de que existe una víctima ya sea localizada o violentada, nosotros nos activamos y se les da, en este caso en particular, se les brinda de inmediato el apoyo del gasto funerario”, se explicó.
La atención incluye valoración del entorno familiar.
“Lógicamente ahí se conoce el contexto si hay si hay hijos menores o adultos a partir de ahí nosotros nos activamos y se les da una atención integral en colaboración con las demás instituciones”, se precisó sobre la intervención interinstitucional.
En algunos casos se confirmó la existencia de hijas e hijos.
“Sí, sí hay algunas que tienen hijos”, se respondió al cuestionamiento sobre posibles situaciones de orfandad derivadas de estos hechos.
En el análisis del fenómeno de desaparición de mujeres en el estado, se aportaron rangos etarios específicos.
“Del delito de desaparición, pues está entre los 18 en promedio de los 18 a los 35 años”, se indicó sobre el perfil predominante de víctimas.
Datos complementarios señalaron concentraciones por grupo de edad.
“De 15 a 19 años son 154 casos, de 10 a 14 son 70, de 25 29 54 casos”, con registros mayoritarios en secundaria y zona urbana, dentro del periodo referido de mayo a agosto de 2025.
El contexto de violencia estructural también fue expuesto al abordar causas y prevención.
“Cuando ya llegamos y hablamos de feminicidio es porque hubo una falla de todas las autoridades, porque no supimos atender las violencias siempre tienen signos y hay manera de poderlos ir visualizando”.
Se enfatizó la importancia de la prevención y la intervención temprana ante señales de riesgo.
“Empiezan, decíamos, incluso con agresiones verbales, psicológicas, violencia económica y va escalando la violencia”, al describir el proceso que puede derivar en consecuencias mayores.
Desde la Secretaría de las Mujeres se contextualizó el entorno de violencia que enfrentan las mujeres en el estado.
“Les compartía yo que desde el gobierno de la gente emitimos el mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres”, dentro de los 17 municipios con alerta.
En lo que va del año, la dependencia reportó atención significativa.
“Hasta el 20 de febrero en la Secretaría de las Mujeres hemos atendido a 624 mujeres”, de las cuales 518 correspondieron a situaciones de violencia, con más de 3 mil servicios otorgados.
Sobre los ámbitos de mayor incidencia, se indicó que “el 73% de las mujeres que hemos atendido en lo que va del año refiere que es en el ámbito familiar”, señalando el hogar como espacio recurrente de agresiones.
El abordaje institucional incluye estudios específicos.
Se refirió la existencia de un “diagnóstico en materia de riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras” y un programa estatal de búsqueda con perspectiva de género, interseccionalidad y enfoque de derechos humanos.
Mientras la Fiscalía General del Estado realiza los perfiles genéticos que permitan confirmar oficialmente identidades, los apoyos integrales a víctimas indirectas permanecen sujetos a esa determinación.
En tanto, el caso de Tavera y La Tinaja se inserta en un panorama más amplio de desapariciones y violencia contra mujeres en la región.
