Mexicali, BC a 10 de Noviembre de 2024. Una demanda laboral en contra del Congreso de Baja California desveló condiciones de explotación laboral e irregularidades administrativas por la parte patronal.
La Contraloría y la Dirección Jurídica del Poder Legislativo analizan las conductas administrativas y penales de las que fueron víctimas cuatro empleados contratados por la diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, quien podría convertirse en dirigente estatal del PAN, pues es una de las dos aspirantes.
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Demandan al Congreso de Baja California por explotación laboral
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En su demanda laboral los trabajadores denunciaron que durante dos años los obligaron a laborar fines de semana, días festivos e inhábiles, sin autorización de pago de horas extras. Foto @congresobc
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Antonio Heras, corresponsal
09 de noviembre de 2024 19:54
Mexicali, BC. Una demanda laboral en contra del Congreso de Baja California desveló condiciones de explotación laboral e irregularidades administrativas por la parte patronal.
La Contraloría y la Dirección Jurídica del Poder Legislativo analizan las conductas administrativas y penales de las que fueron víctimas cuatro empleados contratados por la diputada Amintha Guadalupe Briceño Cinco, quien podría convertirse en dirigente estatal del PAN, pues es una de las dos aspirantes.
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En las áreas de control y jurídica llamó la atención que el despacho de los abogados que representan a los empleados es Asesoría Laboral Mejorada & García Asociados, cuyos propietarios son Ramiro Mejorada y Ricardo García Chávez, respectivamente esposo y asesor legal de la ex diputada local.
En su demanda laboral los trabajadores denunciaron que durante dos años los obligaron a laborar fines de semana, días festivos e inhábiles, sin autorización de pago de horas extras del 12 de abril de 2022 al 12 de abril de 2024, de acuerdo a la demanda de Mejorada & Chávez Asociados.
La demanda representaría un acuerdo de pago de 8 millones de pesos del erario por horas extraordinarias, días de descanso semanal, prima adicional y días de descanso obligatorio.
Según el análisis jurídico existen responsabilidades administrativas y delitos contenido en el Código Penal, incluidos en la Ley de Trata de Personas por explotación laboral y/o cohecho, según fuentes consultadas.
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